Retos del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2018 – 2022


Pie de foto: La Plenaria del Senado aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, PND, «Pacto por Colombia Pacto por la Equidad», 2018-2022. Con un presupuesto de inversión Plurianual de 1.086 billones de pesos. Con 57 votos por el sí y 4 por el no, la corporación aprobó el PND, el cual pasará a sanción presidencial, para que se convierta en Ley de la República


En Colombia, cada 4 años el gobierno respectivo formaliza sus políticas sociales y económicas para su periodo concreto a través del Plan nacional de Desarrollo (PND). En general, el PND es el instrumento legal por medio del cual se concretan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión.

Esto se describe en la Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 339 del Título XII: «Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública», Capítulo II: «De los planes de desarrollo», el PND se compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional.

El marco legal que rige el PND está consignado dentro de la Ley 152 de 1994, por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta incluye, entre otros, los principios generales de planeación, la definición de las autoridades e instancias nacionales de planeación y el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación del PND.

El PND provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. En un PND, en la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.

Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación. Corresponde al departamento nacional de planeación de Colombia su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento.

Es por tanto la unidad rectora de planificación en el país, razón por la cual debe dirigir el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, y coordinar la inclusión de los comentarios pertinentes por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y demás actores de la sociedad civil.

Así mismo, el DNP debe desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales.

Una vez presentado el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el DNP coordina la ejecución, el seguimiento y la evaluación de gestión y resultados del Plan. Cada gobierno le da un nombre a su plan de desarrollo según sus objetivos trazados.

El actual plan de desarrollo 2018 -2022, ha sido denominado por el presidente Iván Duque como: Pacto por Colombia, pacto por la equidad.

Según el documento, este pretende ser un pacto por una política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades. Con tal fin, busca impulsar oportunidades para la inclusión en general. En inclusión social, plantea el acceso eficiente y con calidad a servicios de salud, cuidado infantil, educación y formación de capital humano, seguridad alimentaria, vivienda y hábitat.

En cuanto a las oportunidades para la inclusión productiva el pacto se enfoca en el acceso a mercados de trabajo e ingresos dignos, haciendo especial énfasis en la conexión a mercados de trabajo por parte de la población pobre y vulnerable. Este último punto busca conectar estructuralmente a la política social con el pacto por el emprendimiento y la productividad.

El “Pacto por Colombia, incluye, además, un conjunto de pactos transversales que operan como   como conectores y espacios de coordinación. Estos pactos se refieren a temas como: Sostenibilidad, Ciencia -Tecnología e innovación, Transporte y logística, Transformación digital, Calidad y eficiencia de servicios públicos, Recursos minero energéticos, Economía Naranja, Construcción de paz, Equidad de oportunidades para grupos étnicos, Igualdad de la mujer, Inclusión de las personas con discapacidad.

Complementariamente, estos pactos tienen enfoque territorial, buscando la conexión con las diferentes regiones del país. A esto se ha denominado: Pactos Regionales, los cuales sirven de mecanismo de implementación en todo el territorio colombiano. Los mismos identifican en primer lugar los proyectos estratégicos buscando dinamizar la economía y fomentar el desarrollo social según su vocación y potencial, y, en segundo lugar, los esfuerzos focalizados a nivel territorial de algunos pactos transversales según particularidades de cada región.

Dichos pactos representan la ruta de trabajo conjunta y articulada entre Nación y territorio para los próximos cuatro años. Esto se consolidará con acuerdos específicos entre la Nación y los gobiernos subnacionales y han sido delimitados regionalmente de la siguiente manera: Pacífico, Caribe, Kriuol & Seaflower Región (San Andrés y Providencia), Región Central, Gran Santander, Amazonia, Eje Cafetero y Antioquia, Orinoquia/Llanos, Océanos.

Este, en resumen, es la presentación que hace el gobierno de su plan de desarrollo. Por otro lado, detractores del plan de desarrollo, señalan que el problema de este plan es que se realiza en un contexto regresivo en impuestos y subsidios. Explican que el sector empresarial y de altos ingresos será beneficiado con mecanismos de protección como reducción de sus cargas tributarias, flexibilización del mercado laboral para hacer más barata la mano de obra. Sin embargo, los estratos más bajos verán reducidos los subsidios.

Concluyen que el resultado puede ser que haya un mayor crecimiento económico, con distribución del ingreso más favorable a los estratos mal altos y a los empresarios.   Esto dado que los propios empresarios se verán motivados a invertir al ver que tienen menos impuestos y pueden contratar mano de obra más barata. De otro lado se precariza el salario y empleo de la clase trabajadora y se empobrece a la clase media que tendrá que someterse a salarios más bajos y menos subsidios. Igualmente se señala que la inversión en víctimas del conflicto no es coincidente con los compromisos adquiridos. La discusión entonces está servida para defensores y detractores del PND 2018 y 2022. Finalmente se observa que el sector de colombianos en el exterior no recibe la atención esperada, tema que analizaremos en próximo artículo.


Columnista Julian Castrillon en escolombia

Compartir esta publicación:

Dejar un comentario:

Por favor Iniciar sesión para comentar
avatar