¿Son los tribunales ambientales una solución para abordar los conflictos ambientales en Colombia?
La creación de tribunales o salas especializadas en materia ambiental está, nuevamente, en el centro de la discusión académica y política en el sector de ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. Esto se debe al aumento de los conflictos ambientales en todo el territorio nacional y a la falta de eficacia administrativa para abordarlos, siendo cuestiones propias de la situación que afronta la gestión pública ambiental. Sumado a ello, la falta de especialidad de los operadores jurídicos en materia ambiental sigue siendo un gran obstáculo de acceso a la justicia ambiental. En la mayoría de los países, la jurisdicción natural para estos pleitos es la «administrativa», en casos excepcionalísimos otras jurisdicciones como ocurrió en el connotado caso Urgenda en que fue un tribunal comercial el que resolvió la controversia relacionada con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero por parte de Países Bajos.
La creación de tribunales o salas especializadas en materia ambiental está, nuevamente, en el centro de la discusión académica y política en el sector de ambiente y desarrollo sostenible en Colombia. Esto se debe al aumento de los conflictos ambientales en todo el territorio nacional y a la falta de eficacia administrativa para abordarlos, siendo cuestiones propias de la situación que afronta la gestión pública ambiental. Sumado a ello, la falta de especialidad de los operadores jurídicos en materia ambiental sigue siendo un gran obstáculo de acceso a la justicia ambiental. En la mayoría de los países, la jurisdicción natural para estos pleitos es la «administrativa», en casos excepcionalísimos otras jurisdicciones como ocurrió en el connotado caso Urgenda en que fue un tribunal comercial el que resolvió la controversia relacionada con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero por parte de Países Bajos.
En la solución de conflictos medioambientales es muy importante la preparación y capacitación de los jueces ante la complejidad (técnica y científica) de los conflictos y la naturaleza difusa de los derechos e intereses colectivos en la justicia ambiental. En este sentido, se discute un nuevo perfil de juez en materia ambiental que sea capaz de enjuiciar los conflictos. Actualmente, la necesidad de una justicia especializada en materia medioambiental vuelve a estar en el centro de la discusión política del país. Recientemente, el ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Ricardo Lozano Picón, propuso, en el marco de su intervención en el XXIV Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: grandes desafíos: paz, inclusión, desarrollo sostenible y ética pública, crear «salas o tribunales especializados en prevenir conflictos socio ambientales».
El propósito central de crear los tribunales ambientales es fortalecer la gestión del Sistema Nacional Ambiental (SINA), es decir, «garantizar el cumplimiento de la Constitución en términos medioambientales» y, específicamente, «garantizar el derecho a la información, a la participación efectiva y a la justicia». Entrando un poco más en el detalle de la propuesta efectuada por el jefe de la cartera ambiental, se pretende que la información proporcionada por los Institutos de investigación sea determinante para el funcionamiento de dichas salas ambientales); la composición de los tribunales ambientales sería mixta, esto es, «[…] salas especializadas con geólogos, ambientalistas, biólogos, magistrados y diversos expertos, para materializar ese ejercicio con la justicia colombiana». En definitiva, la propuesta tiene como guía el modelo implantando en Chile. Pero las experiencias de tribunales ambientales son múltiples y atienden a las necesidades de cada país. Nutren la discusión, pues van desde Cortes, como es el caso de Planning and Environmental Court con (con sede en Queensland y Vermont) o Environmental Court of New Zeland (con sede en Wellington), hasta tribunales, como son los casos del Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur en Australia, el Tribunal Ambiental de Hawái, el Tribunal Ambiental de Chile, el Tribunal Ambiental Administrativo de Costa Rica.
Consideramos que son innumerables los retos que afronta el país para abordar los conflictos, especialmente en el diseño de nuevas formas de gestión judicial de los asuntos ambientales que resulten eficaces para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales y colectivos de los asociados; la protección ambiental, y en fin, valores supremos como son la seguridad jurídica, la democracia representativa y las libertades públicas.
