Colombia se consolidó en el 2018 como uno de los países más afectados por la deforestación. Junto a Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo y Bolivia son los países con mayores niveles de deforestación de acuerdo con el último informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI). La deforestación avanza sin pausa en todo el territorio nacional, con mayor impacto en la Amazonía.
Según el último boletín (17) de detecciones tempranas del Ideam correspondiente al cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), en esa región se concentra el 75% de la deforestación del país. Lo anterior equivale a los departamentos de: Caquetá (45,9 %); Meta (13,1%) y Guaviare (9,8 %) que son los que registran las mayores cantidades de detecciones. Se identificó que cerca de 43.000 hectáreas fueron deforestadas en esos departamentos durante el trimestre, y se concentran las mayores proporciones de detecciones tempranas de deforestación en ciudades como: Cartagena del Chairá (17,7 %); San Vicente del Caguán (16,9 %); Solano (10,7 %); Puerto Guzmán (5,6 %) y San José del Guaviare (4,4%).
Otra cifra que resulta alarmante es que, el 19% de las detecciones tempranas se localizaron en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), siendo los parques nacionales naturales Sierra Nevada de Santa Marta, Tinigüa, Serranía de Chiribiquete y La Macarena los que presentaron las mayores afectaciones. En menos de tres décadas, el país perdió 6 millones de hectáreas (ha). Según datos del Ideam, sólo en 2017 Colombia arrasó con cerca de 220.000 ha de bosque natural. Las cifras son alarmantes y preocupantes.
Como respuesta a esta problemática nacional, el Gobierno incluyó en el Plan de Desarrollo la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados (CNLDCA), conformado por los Ministros de Ambiente, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, y Transporte, así como la Procuraduría y la Fiscalía, cuyo fin es coordinar las medidas interinstitucionales y combatir este flagelo. Lo cual es un avance, si llegara a aprobarse la disposición, pues lograría materializar el principio de coordinación y colaboración administrativa en el nivel central con el territorial pues los principales gestores de la deforestación son las entidades que adelantan la titulación de tierras; el crédito al sector agropecuario; la construcción de vías y obras de infraestructura y la titulación minera, entre otros.
Luego de este panorama, llueven críticas contra el jefe de la cartera ministerial ambiental; algunas de ellas fundadas y otras carecen de conocimiento de la realidad y la historia de la organización administrativa en materia ambiental en Colombia. El panorama es crítico en términos estructurales para todas las cuestiones ambientales. Al Sistema Nacional Ambiental (SINA), sólo se le asigna en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 el 0,3% del total del presupuesto. Históricamente lo máximo que se le ha asignado es el 0,8 %; es decir, menos que el 1 %, lo cual refleja su baja prioridad en la planificación e inversión de recursos por parte del Estado.