Opinión de Lorena Urrea Bolívar – Abogada | @lorenaurreaa
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La reforma del marco migratorio español ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo
Las fronteras suelen aparecer en el debate público como lugares de control. Sin embargo, detrás de cada control fronterizo hay decisiones que terminan proyectándose mucho más allá de la línea que separa un territorio de otro. Determinan quién puede entrar, quién puede permanecer, quién puede trabajar, quién puede solicitar protección y, en definitiva, qué posibilidades tendrá una persona de desarrollar su vida dentro de una sociedad.
Por eso, seguir la reforma del marco migratorio español exige mirar algo más que las modificaciones técnicas de las leyes. También exige observar qué modelo de seguridad se está construyendo en torno a la movilidad humana y si, junto a la seguridad de las fronteras, existe espacio para una concepción de la seguridad humana que coloque en el centro la protección, la dignidad y los derechos humanos de las personas.
El pasado 25 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó dos anteproyectos impulsados por el Ministerio del Interior: una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El objetivo es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), cuyo nuevo marco comenzó a aplicarse el pasado 12 de junio.
La importancia de esta reforma no reside únicamente en los cambios que introduce en los procedimientos, sino también en lo que esos cambios pueden significar para quienes quedan sometidos a ellos. La protección internacional, el retorno, la residencia, la reunificación familiar o el acceso al trabajo no son cuestiones abstractas: pueden determinar si una persona puede permanecer, reconstruir su vida, reunirse con los suyos o verse obligada a abandonarla.
Movilidad, la protección y la seguridad
La movilidad, en muchos casos, no constituye un episodio aislado, sino una dimensión permanente de la vida de las personas. De ahí que una modificación normativa pueda proyectarse sobre la unidad familiar, el empleo, la vivienda, la educación, el acceso a la protección internacional o la continuidad de un proyecto de vida.
Por eso, seguir esta reforma exige también hacerse preguntas que van más allá del contenido de los anteproyectos: ¿quién participa en la construcción de estas normas?, ¿quién representa a quienes se verán afectados por ellas?, ¿quién habla por quienes no siempre tienen la posibilidad de hacer oír su voz? Y, sobre todo, ¿qué lugar ocupa la ciudadanía cuando se toman decisiones que afectan a la forma en que una sociedad entiende la movilidad, la protección y la seguridad?
Aprobados estos dos anteproyectos por el Consejo de Ministros en primera vuelta, todavía queda camino por recorrer. Su tramitación permitirá introducir cambios, abrir debates y precisar el alcance de unas normas que pueden tener efectos concretos sobre la vida de muchas personas.
Es precisamente en este momento cuando resulta necesario participar, preguntar e incidir. Porque el modelo migratorio que finalmente se adopte no se decidirá únicamente en el texto de una ley: también dependerá de la capacidad de la sociedad para intervenir en el debate y de que las voces de quienes viven estas realidades formen parte de las decisiones que están por venir.