El pulso democrático de la regularización extraordinaria

En pleno debate electoral en España, y en medio de las recientes movilizaciones por el derecho a la vivienda y por una educación pública digna, la máxima de que «lo personal es político» recupera un sentido profundamente práctico.

Las vivencias cotidianas; la situación laboral, la crianza, el cuidado o la situación administrativa que condiciona el acceso a una residencia no son problemas individuales ni del ámbito privado. Inciden directamente en las agendas de gobierno, en el diseño de las políticas públicas y en los marcos normativos que terminan siendo más o menos restrictivos.

Comprender esto es clave para asumir una acción consciente de mirar más allá de la contienda partidista y reconocer que la acción política no se limita al ámbito electoral. Reducir la política a la disputa entre partidos o al simple acto de votar es ignorar que lo cotidiano forma parte de las decisiones que regulan las normas y rigen las instituciones.

Un ejemplo claro de esta capacidad de incidencia es el reciente proceso de regularización extraordinaria. La medida no fue solo un trámite administrativo: fue también el resultado de años de trabajo de movimientos y organizaciones sociales que lograron situar el derecho a la movilidad humana en el centro de la agenda pública.

El balance del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del 2 de julio de 2026 registró 1.174.978 solicitudes en el marco del proceso regulado por el RD 316 de 2026. La cifra es histórica y habla de una demanda real y acumulada.

Sin embargo, el impacto del proceso no puede quedarse solo en el dato cuantitativo. El perfil de las personas solicitantes (un 81 % tiene menos de 45 años y el 67 % cuenta con educación postobligatoria) ofrece datos que, seguramente más adelante, permitirán identificar variables cualitativas.

Capital intelectual, cultural, social y económico

Estas variables servirán para interpelar la narrativa que reduce a la población migrante a un recurso necesario “para” los trabajos asistenciales, permitiendo reconocer el capital intelectual, cultural, social y económico que traen consigo, el cual ampliará el espectro de una inserción sociolaboral distinta.

Estamos, sin lugar a duda, frente a un hito. Pero conviene no idealizar el proceso. La regularización ha puesto de manifiesto también las limitaciones de la administración: retrasos prolongados en las resoluciones, dificultades de muchas empresas para contratar con solo la admisión a trámite y una falta de articulación interinstitucional.

Estos problemas no niegan el valor de la medida, pero obligan a reconocer que una regularización no termina con el cierre del plazo de solicitudes. Sin capacidad real de resolución y sin políticas de acompañamiento (homologación, acceso a vivienda, trabajo digno, acceso a bienes y servicios…), el avance puede quedarse a medias.

Por eso el momento electoral importa, de ahí la pertinencia del mapa político y la decisión que salga de las urnas. La regularización, entendida como medio y no como fin, cobrará sentido si logra abrirse paso a una verdadera convivencia intercultural, con corresponsabilidad de derechos y obligaciones, y no en una “integración” puramente simbólica.

La acción política no pertenece en exclusiva a quienes pueden ejercer el voto ni se agota en las urnas. Se ejerce también en lo cotidiano, uniendo la acción personal con la agenda colectiva.

El próximo 29 de noviembre no solo se decidirán los escaños: se definirán, en buena medida, las orientaciones que marcarán las políticas migratorias de los próximos cuatro años.
Queda, por tanto, una pregunta abierta: ¿Qué lectura harán los nuevos equilibrios de poder de este proceso de regularización y qué dirección tomarán las políticas migratorias a partir de 2027?