Opinión de Lorena Urrea Bolívar – Abogada | @lorenaurreaa
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En un país atravesado por la polarización que dejaron las últimas elecciones, el verdadero desafío no es insistir en las diferencias, sino priorizar lo fundamental y construir acuerdos programáticos que permitan reorganizar el Estado en función de sus obligaciones más apremiantes. Entre ellas, una que ha sido sistemáticamente relegada: pensar a Colombia más allá de sus fronteras.
Vivimos en la cifra, pero la cifra no nos contiene. Se habla de cinco millones de colombianos en el exterior; la realidad es mayor. Y, sin embargo, el Estado apenas alcanza a registrar una fracción. Esta brecha no es técnica: es política. Es la expresión de un Estado que, incluso frente al peso económico y social de fenómenos como las remesas, sigue sin incorporar plenamente a su ciudadanía en el exterior en la toma de decisiones.
Mandato constitucional
Poner en el centro a la Colombia extendida no es una consigna. Es un mandato constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia define un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana, la participación y la prevalencia del interés general. Ese mandato también obliga frente a quienes sostienen al país desde fuera.
Pensar en la Colombia extendida es, precisamente, conectar con la Colombia profunda y reconocer que la movilidad humana no ha sido siempre regulada, ordenada ni segura. En muchos casos ha sido una respuesta a la violencia, a la desigualdad y a la ausencia de garantías.
Poner en el centro a la Colombia extendida conlleva, en términos concretos, redistribuir el poder: trasladarlo hacia espacios donde hoy no está
En ese contexto, cabría preguntarse si normas hito como la Ley 1465 de 2011, la Ley 1565 de 2012, la Ley 2136 de 2021 e incluso desarrollos más recientes como la Ley 2421 de 2024 responden hoy a esa realidad cambiante. Hay que decirlo con claridad: muchas de estas normas están desactualizadas, fragmentadas o sin reglamentación efectiva. Normas que no se implementan son derechos que no existen. Por eso, es clave construir sobre lo construido: no empezar de cero, sino cerrar brechas de implementación.
Colombia cuenta hoy con un Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, con una Política Exterior Feminista, y avanza hacia la adopción de un nuevo CONPES migratorio. Este escenario representa una oportunidad clave para dar un salto cualitativo: pasar de la dispersión institucional a una verdadera gobernanza migratoria.
Decisiones de fondo
Pero ese salto exige decisiones de fondo: avanzar hacia compromisos con fuerza jurídica vinculante, con financiación clara, mecanismos de seguimiento y evaluación, y construidos desde la co-creación con la Colombia extendida, reconociendo su agencia y su capacidad de incidir en la formulación y ejecución de políticas públicas.
Esto implica avanzar hacia una ciudadanía transnacional efectiva que vaya más allá del voto y se traduzca en participación real en las estructuras del Estado: garantizar el acceso a concursos públicos desde el exterior y eliminar barreras institucionales, particularmente aquellas que afectan a personas con doble nacionalidad y restringen su acceso a la carrera diplomática, excluyendo capacidades que el país necesita.
Colombianidad en el exterior
En esa medida, creer en la colombianidad en el exterior es abrir espacios reales de toma de decisiones para liderar la agenda nacional. Es momento de ver en las Unidades de Trabajo Legislativo del Congreso, en los equipos de gobierno y en los espacios de formulación de política pública a connacionales que residen en el exterior y que, desde esa experiencia, conocen, viven y comprenden la realidad transnacional del país. Hay un potencial institucional, político y técnico que el Estado sigue desaprovechando.
Asimismo, es necesario replantear la política criminal colombiana en clave transnacional, con enfoque de género interseccional y articulada con las agendas del CONPES y del viceministerio. Esto supone avanzar de un modelo penal retributivo hacia un derecho penal restaurativo y humanista, que comprenda las trayectorias de vulnerabilidad y priorice la prevención, el cuidado, la protección y el acceso efectivo a la justicia.
Esto exige, por un lado, fortalecer la protección de las víctimas del conflicto armado, de violencias basadas en género y de trata de personas. Y, por otro, abordar la situación de los connacionales privados de la libertad en el exterior: muchos de ellos en condiciones de especial vulnerabilidad, frecuentemente insertos en el eslabón más débil de cadenas criminales transnacionales. La respuesta del Estado no puede seguir siendo fragmentada ni exclusivamente punitiva.
Poner en el centro a la Colombia extendida conlleva, en términos concretos, redistribuir el poder: trasladarlo hacia espacios donde hoy no está, abrir las estructuras de decisión y reconocer que la agenda nacional no puede seguir definiéndose de espaldas a una parte sustantiva de su ciudadanía. En un momento político que exige altura institucional, priorizar lo fundamental pasa precisamente por asumir esta transformación como un acuerdo programático de país y no como una agenda sectorial más.