Con la expedición de la Ley 2453 de 2025, Colombia fortalece su arquitectura normativa para enfrentar la violencia política contra las mujeres, al reconocerla como una violación diferenciada de derechos humanos que limita su participación política en diversas áreas.
Esta normativa tipifica como sancionables diferentes formas de violencia, incluyendo la verbal, física, sexual, psicológica, moral, económica o patrimonial, digital, simbólica, institucional y vicaria. Este avance llena vacíos de la Ley 1257 de 2008 y se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Un aspecto de relevancia es el reconocimiento de la violencia vicaria, que implica el uso de personas cercanas, especialmente hijas e hijos, para causar daño emocional o coercitivo a mujeres en posiciones de liderazgo político o social. Esta forma de control patriarcal se entrelaza con otras violencias igualmente lesivas.
Además, el enfoque adoptado por la ley va más allá de la política partidista electoral, al reconocer que la violencia política afecta también a lideresas sociales, comunales, sindicales y defensoras de derechos humanos, muchas veces en contextos de violencias interseccionales vinculadas al género, la clase, la etnia o el estatus migratorio.
Diseño de políticas públicas
Un desafío importante es la superación del subregistro de estos casos. Muchas violencias siguen siendo normalizadas, invisibilizadas o no reconocidas como tales, lo que dificulta su denuncia, judicialización y prevención. Contar con datos desagregados, es clave para garantizar la toma de decisiones informadas y el diseño de políticas públicas que aborden integralmente la violencia política contra las mujeres.
Otro factor a tener en cuenta en la implementación de la ley, es su dimensión territorial para poder llegar tanto a las mujeres de la Colombia profunda como a las de la Colombia extendida: mujeres migrantes, exiliadas y de la diáspora, adaptándose a sus contextos y realidades, y articulándose con otras estrategias como la política exterior feminista del país.
La Ley 2453 de 2025 es un logro de los movimientos de mujeres, pero no es un fin en sí misma. Su efectividad dependerá del compromiso institucional, social y cultural para convertirla en una herramienta de transformación democrática.
Por: Lorena Urrea Bolívar | Abogada | @lorenaurreaa