La reciente carta del excanciller Álvaro Leyva al presidente Gustavo Petro ha generado un terremoto político por su acusación de presunto consumo de drogas. Sin embargo, centrarse únicamente en ese punto sería perder de vista una revelación más estructural y grave: Leyva, quien fue el máximo responsable de la política exterior colombiana, confiesa que no tenía acceso real al jefe de Estado. En un gobierno presidencialista, eso no solo es una anomalía, es una señal de disfuncionalidad institucional.
Cuando el canciller no puede hablar con el presidente, lo que está en juego no es solo la dignidad de un ministro, sino la capacidad del país para tener una política exterior coherente, estratégica y eficaz. Colombia, en un mundo que se reconfigura geopolíticamente, no puede permitirse diplomacias fragmentadas, agendas cruzadas ni embajadores que improvisan sin un norte presidencial claro.
La desconexión entre Cancillería y Presidencia impacta la credibilidad internacional del país. Esto afecta especialmente a los más de cinco millones de colombianos en el exterior.
La carta de Leyva nos pone en una reflexión profunda sobre la salud del Estado
La política migratoria, la defensa consular, la representación de sus derechos, la promoción económica y cultural de Colombia en el mundo dependen de una articulación efectiva entre quienes diseñan la política exterior y quienes la ejecutan. Si esa cadena se rompe, el costo lo paga la ciudadanía migrante: con servicios consulares deficientes, con escasa incidencia en decisiones que los afectan y con una identidad nacional cada vez más diluida en el exterior.
La carta de Leyva también desnuda un estilo de gobierno que desconfía de sus propios cuadros técnicos y que concentra decisiones en círculos reducidos, alejados del diálogo institucional. Más allá de las formas y del tono controversial, lo que se evidencia es una cultura del poder que margina a sus ministros que son la extensión del poder ejecutivo. Así no se construye un Estado transformador, sino uno encerrado en sí mismo.
Es legítimo debatir sobre la salud del presidente, pero lo esencial es debatir sobre la salud de la democracia y del aparato estatal. Si las decisiones sobre política internacional se toman sin coordinación con la Cancillería, y si los ministros no tienen espacios reales para ejercer su cargo ¿Cómo se le rinde cuentas a la ciudadanía?
La carta de Leyva nos pone en una reflexión profunda sobre la salud del Estado.