En sesión conjunta de trabajo entre la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, coordinada por los titulares de dichos órganos, se acordaron las líneas de trabajo ante las evidencias encontradas por los equipos técnicos en diferentes regiones del país, frente a las presuntas irregularidades en las actuaciones para atender la emergencia generada por el Covid-19.
Se acordó constituir una mesa técnica de carácter permanente que, como puesto de control unificado, revise quejas, hallazgos y denuncias ciudadanas sobre abusos en el manejo de los temas de la emergencia e identifique las acciones inmediatas que deban emprenderse.
Semanalmente se revelarán al país los casos de impacto nacional y regional que presenten indicios de corrupción y desgreño, para ejercer articuladamente las acciones fiscal, disciplinaria y penal, según sea el caso.
Se estableció también que los equipos de las tres entidades actuarán integrados en los territorios, facilitando una mayor eficiencia en las investigaciones, con el compromiso de reportar al país los hallazgos y las decisiones que se tomen por cada una de las entidades.
“No vamos a permitir que los corruptos jueguen con la necesidad de la gente en esta coyuntura”, señalaron los jefes de las entidades comprometidas en la estrategia Transparencia para la Emergencia. “Trabajo conjunto y resultados son la clave para frenarles el paso a los corruptos”.
“Ya se había advertido”: Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República recomendaron al Gobierno Nacional adelantar compras centralizadas o contratar conjuntamente con las Entidades Territoriales los insumos de especial prioridad, necesarios para impulsar la preparación, prevención y contención del COVID-19. Estos mecanismos permitirían agrupar las necesidades comunes de las distintas entidades y comprar conjuntamente bienes y servicios para combatir la pandemia, así como coordinar, revisar y dar directrices respecto de la calidad y oportunidad de lo que se compra en virtud de la Emergencia Social, Económica y Ecológica.
En desarrollo del programa ´Transparencia por la emergencia´, los órganos de control recordaron a los ejecutores del gasto que están vigilando y garantizando el uso eficiente de los recursos públicos disponibles para mitigar, contener y subsanar los efectos negativos del coronavirus, por lo que alertarán de manera inmediata y sancionarán contundentemente el mal uso de esos fondos, y la vulneración de los derechos de los ciudadanos y del personal médico y del sector salud.
Se están verificando conductas que no son admisibles, como:
(a) la compra de kits de mercados cuyos precios son muy superiores en comparación con los de las grandes superficies;
(b) la entrega de mercados con fines políticos a población no vulnerable o necesitada que se ha visto afectada por la pandemia;
(c) la contratación de construcción de parques no relacionados con la emergencia;
(d) contratos para publicidad sobre conocimientos y cuidados del Covid-19 dirigidos a población con acceso a televisión e internet que tienen información suficiente;
(e) contratos suscritos para el suministro de ayudas humanitarias con una persona jurídica cuyo objeto social es la organización de eventos sociales;
(f) contratos celebrados para el suministro de un número determinado de kits de elementos de aseo que son entregados de forma parcial o incompleta; y
(g) contratos que no son publicados oportunamente en el SECOP o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia y demás documentos.
