No se ha hecho esperar la violencia desatada por el paramilitarismo vinculado al poder político, una vez Duque fue nombrado presidente, con tan dudosa gestión electoral en herramientas y corrupción de las entidades como el Consejo Electoral y la Registraduría donde mayoritariamente anidan los tentáculos de la podredumbre de las mafias que se han tomado el país.
Junto a los viles asesinatos de líderes en las regiones, las que recuerdan las masacres de La Granja y El Aro en Antioquia y el autor o por lo menos cómplice como exgobernador de estos horrendos hechos por los cuales el Tribunal Superior de Medellín solicitó una investigación que resuelva la siguiente duda: ¿Uribe, como exgobernador de Antioquia, conocía las dos masacres cometidas por grupos paramilitares? Cuestión ratificada por Salvatore Mancuso y Don Berna, aunque Uribe niega conocer que estas masacres ocurrirían.
También pide este tribunal sea investigado por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, víctima de la banda La Terraza, ocurrido el 27 de febrero de 1998.
Valle Jaramillo denunció el ataque paramilitar en Ituango, Antioquia y, antes de ser asesinado, denunció un “acuerdo tácito” entre el comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina; el comandante de la Policía de Antioquia, Carlos Emilio Gañán; el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez; Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno; y Carlos Castaño, comandante paramilitar. Para el tribunal, las Fuerzas Militares estaban comprometidas con estas convivir que fueron en su momento el apoyo a los paramilitares, para tenebrosas acciones que van saliendo poco a poco a la luz, aunque los asesinatos de testigos de ellas tampoco paran.
Aun con todas estas evidencias, Uribe señala que se trata de una campaña en su contra. Lo cierto es que tarde o temprano deberá responder por estos casos y por los 276 procesos que existen en su contra, dentro de los cuales están las “chuzadas” del DAS, el escándalo de Agro Ingreso Seguro, y la corrupción y pagos para ser reelegido presidente.
Ahora es investigado por la Corte Suprema de Justicia que lo cita a indagatoria por soborno y manipulación de testigos, aparentemente cometidos durante su ejercicio como congresista, se trata de la denuncia contra el senador Iván Cepeda donde la Corte Suprema estableció falta de mérito para investigar a Cepeda y sí a Uribe.
Cree que con su renuncia por “sentirse impedido para ser senador mientras se defiende” la investigación pasaría a la fiscalía, pero la justicia, aunque cojee llega. Por muy poderoso que sea, debe rendir cuentas para esclarecer su obstaculización a la acción de la justicia. Estos delitos tuvieron que ver con la función parlamentaria, y por ello la Corte debe mantener su competencia.
No es un secreto que la Corte cuenta con elementos probatorios idóneos sobre la manipulación de testigos y esto es un aliento de esperanza a que, por fin, la impunidad se puede quebrar, al investigar a persona tan poderosa e “intocable”. Es también un aliciente que gran parte del país ha reaccionado en respaldo al tribunal supremo, lo que no es cosa baladí, recuperar en la sociedad alguna credibilidad en el sistema de justicia. Mucho queda por hacer en esta materia, que menos que rendir homenaje a tantos líderes asesinados por buscar la verdad, la reparación y defender el territorio. La resistencia de los pueblos, ha dado la libertad y nada se ha conseguido sin ella, muchos/as han quedado en el camino, pero no será en vano.
