La herencia que deja este gobierno son descalabros económicos, fiscales, sociales y energéticos. La economía colombiana creció en promedio 4% en los últimos cinco gobiernos. Entre 2023 y 2026, escasamente alcanzará un promedio anual de 2%, 50% por debajo de lo que va de este siglo, lo cual es un claro empobrecimiento relativo de los colombianos en este gobierno.
Si se quiere volver al nivel de riqueza que se traía en 2022, se necesita que el PIB crezca entre 2027 y 2030 6,2% promedio anual lo que resulta no realista; se requerirá de muchos años para recuperar la riqueza perdida.
¿Y eso que implica para el panorama empresarial en el país?
El golpe al tejido empresarial ha sido contundente. De acuerdo con datos de Confecámaras, entre 2022 y 2024 se liquidaron 734.131 empresas registradas, contra 628.294 en los tres años anteriores incluyendo la pandemia. En el gobierno Petro se han liquidado 105.837 empresas más que en el período anterior, motivado por la caída de la inversión y el ambiente negativo promovido desde una reforma tributaria que llegó a plantear recaudar $75 billones.
Las empresas creadas en 2024 fueron 297.400, el peor registro desde 2018 si se excluye el año de la pandemia. Por más que se pidió un plan de reactivación, nunca se adoptó.
¿Qué decir del “acuerdo nacional”?
La realidad es contundente. Su planteamiento inicial de ese acuerdo, el 7 de agosto, fue muy etéreo y es quizá uno de los elementos de su contundente fracaso. No hubo acuerdo con el Congreso, Partidos políticos, Cortes, Banco de la República, ni con mandatarios locales y regionales, ni el sector privado del que desde el comienzo decidió vengarse, ni con la academia, ni con aliados y ni siquiera con su mismo equipo al tener 59 ministros al comenzar su cuarto año, uno cada 19 días.
Ahora, a 11 meses de irse, no se conoce una evaluación seria de su plan de desarrollo, eso es, desacuerdo, descoordinación e improvisación. Y al interior del gobierno reina la pugnacidad y el maltrato hacia ministros.
Algunas consideraciones del por qué mantenemos inmersos en un atolladero
Vale mencionar que al próximo gobierno le corresponderá sortear monumentales retos y desafíos. Se requerirá de un gobierno supremamente calificado y muy técnico.
Hemos construido una democracia con un excesivo protagonismo del estado en el desarrollo económico de la mano de un acendrado presidencialismo y un odioso y poco eficaz centralismo fiscal. Décadas de cepalismo a ultranza, la adopción tropical de los ideales del Estado, bienestar y la captura de la regulación estatal por intereses especiales, han marcado la interacción de nuestro Estado con la economía. Una receta explosiva que mezcló ingredientes tóxicos y adictivos.
La realidad es contundente. Su planteamiento inicial de ese «acuerdo nacional», el 7 de agosto, fue muy etéreo y es quizá uno de los elementos de su contundente fracaso.
Esta visión de un Estado paternalista e intervencionista, en lo regulatorio y lo fiscal, propició un perverso populismo fiscal, laboral e industrial. Bajo la premisa de que el Estado lo puede todo y lo debe todo, vivimos en un asistencialismo profundo, con más de 43 programas que implican en su mayoría aportes monetarios o créditos de fomento no condicionados y que nunca son auditados de manera transparente en sus efectos.
Se inician, algunos se abandonan y la mayoría se quedan vivos en las sombras de la burocracia que los administra, y se vuelven “indispensables” en un universo de cobardía política o instrumentalización electoral. Un subsidio nunca muere en Colombia: genera burocracia, eliminarlo implica pelear con alguien y la mayoría de las veces su reparto favorece las maquinarias de las casas políticas en el Congreso y las regiones.
En lo laboral, este paternalismo nos ha dejado con un régimen laboral insostenible que impide la competitividad nacional, destruyó nuestra capacidad exportadora de valor agregado, ha fomentado una inequitativa informalidad, que de paso devora nuestra seguridad social, y deja una lamentable productividad de nuestra mano de obra.
En lo industrial, el propósito de intervención estatal ultraconcentrado en el presidencialismo institucional ha vuelto adictos a nuestros empresarios a la ayuda del Estado o les ha abierto las puertas a intereses especiales para crear desde el Estado mismo rentas atadas que distorsionan muchas actividades esenciales y le siguen restando ampliamente competitividad a nuestra economía.
El presidencialismo, con el que resultaba cómodo y rápido operar el estatismo, no solo da un poder insospechado al Gobierno en muchos frentes. Genera una cultura de indecisión y mediocridad que deforma el poder Ejecutivo. Si algo es cierto, es que el nivel central del Estado colombiano crece de manera solo proporcional a su ineficacia material para lograr tanto sus fines esenciales (justicia, seguridad, competitividad, educación de calidad, infraestructura y servicios baratos) como todos aquellos fines accesorios que en nombre de miles de banderas y causas ha decidido intervenir con mínima eficacia para el enervamiento de las poblaciones que costean al Estado y que reciben de este constantemente promesas vacías.
…la construcción de herramientas y perfiles de servicio civil que aseguraran una mayor eficacia del poder del Estado en lo local, nunca ha sido una prioridad política en el país…
El centralismo fiscal, renacido en la pos-Constitución de 1991, fue la respuesta facilista del presidencialismo a los primigenios descalabros financieros de la descentralización política y administrativa perfeccionada en esa misma Constitución.
Una respuesta cínica en la medida en que el nivel central nunca renunció a muchas de las competencias que al tiempo entregaba a los entes territoriales, generando una novedosa fronda burocrática, sino que además retornaba un inusitado poder de intervención del nivel central sobre los municipios y departamentos.
Por ello, la construcción de herramientas y perfiles de servicio civil que aseguraran una mayor eficacia del poder del Estado en lo local, nunca ha sido una prioridad política en el país. La alternativa para los políticos es mucho más sabrosa: poco control del gasto y crecimiento desaforado de plantas provisionales y contratistas con los cuales se afinca el poder político de la dinastía de turno. Y en lo nacional, como lo sufre Colombia ahora, con un presidente que lo puede usar para doblegar departamentos, capitales y municipios como castigo frente a la diferencia ideológica.
Sin duda, algunas limitaciones al poder presidencial de la Constitución del 91 han servido de mucho para evitar que estas tendencias destruyan al país. La independencia del Banco de la República, la repotenciación del rol del Congreso y la limitación de las facultades extraordinarias, entre otras, son responsables en medida importante del fortalecimiento de nuestras instituciones y de la hoy añorada estabilidad macroeconómica.
Pero no bastan. El espíritu nacional empresarial debe liberarse de la sujeción al Estado
Un ejemplo claro es la crisis de la construcción. Si el Gobierno Petro, intencionalmente, desmontó Mi Casa Ya, con efectos demoledores, unamos rápidamente propósitos en el sector financiero y de administradoras de fondos de pensiones para suplir los aportes estatales con titularizaciones hipotecarias especiales y de largo plazo, que les permitan voluntariamente a los ahorradores entrar a apoyar a los cientos de miles de familias que siguen soñando con su vivienda propia: un fondo Colombia de adscripción voluntaria que a mínimo costo les permita a nuestras administradoras de pensiones suplir al Estado roñoso e ineficaz.
