Por: Johanny Mera | Colombiano retornado | Residente en Antioquia.
Transcurría abril y todo el país estaba atento porque el gobierno se preparaba para presentar la reforma tributaria de 2021, que desde hacía varios meses se venía cocinando. El jueves 15 de abril se presentó dicho esperpento de documento. De inmediato la noticia voló como la pólvora, los grupos políticos contrarios prendieron las alarmas y las redes sociales explotaron.
Mientras que los medios de comunicación privados, afines al gobierno invitaban a «expertos» para tratar de justificar y explicar lo inexplicable, otros medios de independientes desglosaban la reforma presentada por el hoy exministro de Hacienda, Alberto carrasquilla.
Tan delicados y agresivos eran algunos artículos, que desde ese mismo día empezaron a sonar los tambores de paro nacional.
En cuanto a la salud, el gobierno pretendía quitar algo tan vital como las vacunas o los tratamientos oncológicos, para dejarlo en manos Sarmiento Angulo, y su clínica Nueva en Bogotá. Básicamente dejaba un libre mercado a las empresas privadas para que cobrarán lo que quisieran y mercadear con la salud, que muy pocos podrían pagar.
A las calles
El día 28 de abril el pueblo colombiano se volcó a las calles, algunos sectores como el camionero, taxistas, la minga indígena entré otros, apoyaron las manifestaciones mayormente pacíficas, pero al caer la noche y como es costumbre, los dueños de lo ajeno aprovechaban para atracar, saquear y vandalizar.
Un día antes, ya el expresidente Uribe anunciaba que la fuerza pública en Colombia estaba muy mal armada y que debían tener el derecho defenderse. Es decir, matar a discreción al mejor estilo de los gobiernos autoritarios.
A levantarse
Esto dijo la hoy Vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, el día 22 de febrero de 2019:
“A la única persona que se le ocurre poner a sus militares a disparar contra un pueblo hambriento, indefenso, enfermo, como lo es el pueblo venezolano, es a un criminal de lesa humanidad”.
Sin imaginar que dos años después el presidente Uribe, perdón Duque, pediría activar la asistencia militar.
Una asistencia que llegó tarde y, ante el vandalismo desproporcionado de algunos, la policía nacional, el Esmad y la Sijín obedecieron la orden dada, sobre todo aprovechando la noche, los cortes de electricidad e internet, que casualmente se dieron, y dispararon a discreción.
Los caleños sacaron la casta, y fueron los punteros y pioneros en las protestas. Una casta a lo mejor heredada de sus ancestros, ya bastante abusados, traídos como esclavos, y que explotó con un llamado a las demás ciudades a levantarse. Y es que mucha razón tiene: una etnia casi olvidada por el estado y por los políticos de turno, que ven en la pobreza de lugares como Buenaventura, una cosecha de votos para cada época electoral.
Un aplauso y agradecimiento para el pueblo valluno por liderar las manifestaciones pacíficas y contagiar al resto de las ciudades. Infortunadamente, ha sido Cali la ciudad que ha puesto las cifras más altas en muertos, heridos, desaparecidos, abusos sexuales, abusos de autoridad y hacia la autoridad. Estos hechos se han repetido en la mayoría de ciudades del país.
Delitos de lesa humanidad
Y cuando digo que llegaron tarde es porque así sucedió. Ya el gobierno en la primera semana de protestas había utilizado helicópteros, tanquetas, armas de fuego, marcadoras, fusiles de asalto, camiones y camionetas como plataformas de tiro. En fin, tan grave es lo que está pasando en muestra desangrada Colombia, que Human Rights Watch, políticos de todo el mundo, personalidades de todo tipo y hasta el mismo Baltazar Garzón, ya hablan de delitos de lesa humanidad.
Para tener en cuenta:
– Taxistas y volqueteros llegaron a acuerdos unilaterales con algunos alcaldes, acuerdos para beneficio propio y no para un beneficio en común.
– Los artistas y deportistas más destacados del país, solo se pronunciaron por la presión de los colombianos en las redes sociales y solo hasta que medios internacionales dieron eco de lo grave de la situación.
– Los políticos alarmados y » preocupados» por todo lo que está ocurriendo, corrieron a hacer de voceros a título propio y no de los marchantes. Por supuesto, no se podían quedar por fuera de la foto y sacaron provecho en las elecciones que se acercan.
Algunos datos ONG Temblores.
En la primera semana de protestas:
1.200 casos de violencia policial
350 policías heridos
800 detenciones arbitrarias
15 casos de violencia sexual por parte de la policía
40 civiles muertos
Personas desaparecidas aún sin cifra exacta, pero se presume que podían ser más de 200.
Dato
Coincide el pasado abril, con el 19 abril de 1970 cuando en un presunto fraude, Misael Pastrana robó las elecciones al general Rojas Pinilla, y fue justo en ese momento que muchos salieron a protestar fervientemente. Lo que no si imaginaría nadie, es que justo 51 años después y que, con un presidente presuntamente financiado por narcoterroristas, el pueblo de nuevo se «quitaría» el tapabocas para salir a reclamar por mayores y más justos derechos para la sociedad.