Pie de foto: Colombianos votando en Madrid la Consulta Popular Anticorrupción, en agosto de 2018
La necesidad de descubrir a la población colombiana en el Exterior
La palabra Censo nos viene del imperio romano; recordamos en la Biblia a José y María quienes debieron hacer un largo recorrido para censarse en Belén, jurisdicción del reino de Herodes, bajo el dominio de la Roma Republicana. De ahí la imagen del nacimiento de Jesús y del Niño Dios Migrante. Así, el censo es una política pública que nos data del siglo VI Antes de Cristo y que tardó casi un siglo más en constituirse.
De hecho, la institución romana del Censor o la Censura se realizaba en promedio cada cinco años y tenía entre sus funciones la supervisión de la moral pública, de ahí su nombre, en la cual, no solo se contaban o se caracterizaban las personas en un territorio o circunscripción, sino se describía como se comportaban. Pero, no solo la ciudadanía sino también a las personas que conformaban el Senado. Además, se hacía un arqueo de las finanzas del Imperio y se determinaba las obras públicas prioritarias.
2.500 años después, en algunos países se nos dificulta hacer un Censo; incluso, en los más desarrollados del mundo, los tribunales tienen que proteger a las personas inmigrantes de la discriminación por origen étnico o la clara xenofobia. En otros, en vías de desarrollo, se les olvida o se le da poca importancia a contar parte de la población, por lo cual, en consecuencia, como ocurría en Roma hace 26 siglos, no se podrá saber qué necesidades tienen, qué recursos asignar y, mucho menos, crear programas y proyectos de carácter público. Tampoco se podrá, cómo se debería, evaluar a nuestro Senado y mucho menos su moralidad.
En el caso de Colombia, se acaba de dar los primeros resultados el Censo de 2018, que ha dejado por fuera a la población emigrante. Pese a que en el Censo de 2005 se contabilizó con una fórmula romana, porque se les preguntó a las familias en Colombia ¿si tenían algún familiar qué hubiera emigrado del país en los últimos cinco años? Es decir, que el Censo de 2005 solo se cuestionó por las personas que salieron del país con fines de establecerse en otro, solo en el siglo XXI. ¿Un claro interés de mirar al futuro o de borrar la memoria de la emigración y sus causas?
En fin, para qué preguntar por el siglo pasado, si la mejor forma de control social es institucionalizar el olvido y excluir al vulnerable, como ocurre con los habitantes de calle cuando llega una personalidad al país, sea un Papa o un Presidente de primera potencia.
Hay que hacer un alto en el camino, para decir de manera contundente: la población colombiana en el exterior debe ser incluida en los registros oficiales, debe ser caracterizada para conocer su situación, sus necesidades y su potencial para el desarrollo del país. Para articular las familias que viven separadas por la distancia geográfica y las fronteras internacionales. Este primer paso obliga a pensar en conjunto a instituciones, sociedad civil, ciudadanía en procesos de asociatividad, gobiernos de destino, académicos colombianistas, etc., para establecer planes de acción para quienes viven en el exterior y sus familias en Colombia como sujetos de derechos y deberes con la República de Colombia.
En el caso particular de España, la última caracterización se publicó en el año 2003 y aunque ha habido estudios posteriores parciales o temáticos, es fundamental hacer una revisión de esta información y analizar su evolución incluyendo registros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística de España y por Comunidades Autónomas, del Ministerio de Educación de España, registros consulares de Colombia y de otras entidades públicas colombianas, reportes de agencias de remesas o los bancos centrales, bases de datos de Migración Colombia o de Eurostat, entre otras fuentes.
En este sentido, aprovechando la Ingeniería de Datos, tecnologías Big Data y Blockchain, la georreferenciación y a académicos y académicas con gran experiencia en el ámbito migratorio de reconocida prestancia internacional que han mostrado interés en esta área. Es el momento de empezar a crear esfuerzos conjuntos para promover estudios que den cuenta de la situación de la población colombiana en el exterior. Ir más allá de las descripciones censales y plantear una caracterización de la población que sirva para promover una gobernanza migratoria de la Población de origen colombiano.
¿Quiénes deben acudir a este llamado? En primer lugar, la población colombiana vinculada a la realidad migratoria, acompañada de la sociedad civil y dentro de ella a las organizaciones no gubernamentales, las empresas que venden bienes y servicios a este colectivo, a los medios de comunicación. También, el gobierno de Colombia, las instituciones de los países en donde residen las colonias colombianas en el mundo, organismos internacionales en la materia como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Fondo de Población de Naciones Unidas, FPNU, y sectores y personas a nivel global que quieran sumarse a esta causa.
Por lo tanto, hacer realidad una Política Integral Migratoria, solo es posible si hay una participación activa de la ciudadanía y una vivencia de sus factibles beneficios. Por ahora, el primer paso es mostrarnos como población colombiana en el exterior, con nuestra presencia soportar en cifras nuestro potencial, exponer nuestras necesidades, conocer derechos, deberes y responsabilidades como ciudadan@s del mundo, etc., sobre todo aprovechando las herramientas tecnológicas del siglo XXI. ¡Contamos contigo!