El nuevo gobierno de Gustavo Petro plantea un proceso de paz total con grupos guerrilleros y delincuencia. Al respecto, debe considerarse que la superación de la violencia en Colombia, además de la reinserción de los actores armados, requiere que se impulsen estrategias institucionales y gestión efectiva de procesos de sensibilización. Así se garantiza la no repetición de la guerra y se consolide una cultura de paz.
Erróneamente los diferentes gobiernos han planteado que en la población existe una “cultura de violencia”. Esto hace que la espiral de violencia no termine, pese a los grandes recursos financieros invertidos como El Plan Colombia. El término Cultura de violencia o Violencia Cultural, es aquella en la cual, la respuesta violenta ante los conflictos se ve como algo natural, normal e incluso como la única manera viable de hacer frente a los problemas y disputas. Este concepto en el caso de Colombia se podría aplicar a los actores armados que justifican su violencia.
En relación a la población, ésta no convive o tiene una cultura de la violencia, sino que está sometida por grupos armados. Tal situación está demostrada al ser Colombia uno de los países del mundo con mayor desplazamiento forzado, donde cientos de miles de pobladores han huido de la violencia para no ser más intimidados o asesinados, y los que se han quedado se tienen que someterse a grupos armados.
Presión internacional humanitaria
Hay que recordar que fue la presión internacional humanitaria la que hizo que, en el año de 1997, surgiera un mecanismo de protección como la ley 387 de desplazamiento forzado. A pesar de esta ley, muchas autoridades siguieron estigmatizando a los desplazados que llegaban a sus territorios, señalándoles de hacer parte de venganzas entre grupos delincuenciales.
Posterior a esta ley, se evidenció falta de sensibilización de las autoridades para agilizar el cumplimiento de la misma y ante múltiples denuncias, la corte constitucional profirió varias sentencias que integraban conceptos como este:
“No puede una autoridad local calificar a los desplazados como agentes perturbadores por el solo hecho de tratar de salvar la vida”.
“Dentro de esta óptica, propia del estado social de derecho, la colaboración debe ser armónica y las autoridades nacionales y locales deben entender que han sido designadas para defender a todos los asociados y nunca pueden considerar que el territorio bajo su jurisdicción es patrimonio particular del gobernante, ni que la investidura que poseen es una carta abierta para definir quienes pueden vivir o no en determinada región”.
Muchos de estos argumentos en defensa de los desplazados se pueden ver en: www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-227-97Corte Constituciona l de Colombia.
El grave error es que no se creó conciencia de que la paz no era un tema ideológico sino un derecho humano, para evitar el desplazamiento forzado y la pérdida de vidas humanas.
Conciencia sobre los desplazados
Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe 2002 – 2010, se implantó la política de seguridad democrática, asumiendo que en los territorios se convivía y había normalizado la violencia, pero no se abordó ni se creó conciencia sobre los desplazados. En general se decidió estimular a los pobladores con recompensa para que delataran a grupos criminales y se promovía la creación de cooperativas de seguridad privada denominadas Convivir.
Los resultados fue que dichas cooperativas fueron cooptadas por grupos paramilitares que ejecutaron masacres, incrementando el desplazamiento. Este escenario se complementaba con la vinculación de representantes políticos con paramilitares, lo que se conoció como parapolítica. En consonancia con esta grave situación de los desplazados, la corte constitucional en 2004 sentenció que existía un estado de cosas inconstitucional, con los siguientes términos:
“A partir de la vulneración constante, masiva, generalizada y reiterada de los derechos constitucionales de la población víctima del delito de desplazamiento forzado por causa del conflicto armado interno y de problemas estructurales derivados de la ausencia de políticas públicas idóneas y eficaces para atender el déficit de protección en que se encuentra, esta Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la Sentencia T-025 de 2004”.
Falta de sensibilización
Otro ejemplo de falta de sensibilización en derechos humanos fueron los falsos positivos. Consistía en que miembros de la fuerza pública, asesinaron a ciudadanos para hacerlos pasar como miembros de grupos armados.
En el proceso de construcción de paz del presidente Santos 2010 1018, se reconoció el conflicto armado, aunque el error fue que se apresuraron a hacer una sensibilización el post conflicto, sin que los acuerdos con las farc y el Eln estuvieran concluidos. La mala socialización condujo a pérdida del referendo de aprobación al cual fue convocada la sociedad civil. A diferencia de los contradictores de los acuerdos de paz, la gestión de medios del gobierno en favor del proceso fue difusa y confusa y por eso fracasaron.
El grave error es que no se creó conciencia de que la paz no era un tema ideológico sino un derecho humano, para evitar el desplazamiento forzado y la pérdida de vidas humanas. No se organizaron institucionalmente a los territorios para evitar que nuevos actores armados ocuparan las zonas antiguas de las farc. Es por esta razón que en los antiguos territorios en conflicto clanes internacionales de la droga como los del golfo y otros reemplazaron a los extinguidos carteles de Cali y Medellín. Estos grupos han sometido a comunidades, autoridades locales civiles y a la fuerza pública. A tal punto llegó la falta de conciencia de actores políticos sobre las víctimas en el congreso que para que se dieran las curules de éstas la corte se tuvo que pronunciar y primero llegaron los representantes de las farc que las víctimas.
Paz Total
En la actualidad, el nuevo gobierno propone un marco de la Paz Total para reinsertar delincuencia común y grupos insurgentes. Según lo expuesto, debe valorarse que su desactivación, no garantiza que otros nuevos grupos quieran ocupar el espacio que dejen los anteriores, máxime cuando hay un mercado internacional del narcotráfico.
Desde esta realidad, las autoridades deben considerar que hay dos hechos que debilitan la efectividad de la lucha contra la violencia: La vinculación de autoridades con grupos ilegales (por acción u omisión) y que esta situación permite que grupos ilegales se disputen en una guerra total el control de territorios. Esto causa que las comunidades sean sometidas por los grupos armados, sin respuesta de autoridades que son cooptadas. La clave es la sensibilización a todas las autoridades para responder a este hecho.
