Por Lorena Urrea Bolívar – Abogada – @lorenaurreaa
La migración es un derecho humano fundamental respaldado por normativas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce la libertad de las personas para movilizarse en busca de mejores condiciones de vida.
Sin embargo, a pesar de que millones de migrantes —incluidos los más de seis millones de personas extranjeras que residen en España (INE, 2024)— contribuyen significativamente al desarrollo de las sociedades de destino, su participación en los procesos políticos y sociales sigue siendo limitada. A menudo, su involucramiento se reduce a gestos simbólicos, sin acceso real a los espacios donde se toman decisiones que afectan sus vidas y las de sus comunidades.
Es fundamental reconocer que las personas migrantes no son solo receptoras de políticas públicas o remitentes de remesas; son agentes de cambio, con capital social, económico, humano y cultural, que aportan tanto a sus países de origen como a los de destino.
No basta con ser incluidas de manera consultiva; es necesario formar parte activa de los procesos decisorios que moldean sus vidas.
La migración debe abordarse desde un enfoque de movilidad humana, que comprenda tanto los desafíos como las oportunidades que este fenómeno conlleva. Para ello, es imprescindible que las personas migrantes participen activamente en la toma de decisiones, más allá de su presencia en eventos ceremoniales, y fortalezcan su influencia en la formulación de políticas migratorias.
Las personas migrantes, refugiadas y exiliadas son actores estratégicos en la gobernanza migratoria y la política exterior. No basta con ser incluidas de manera consultiva; es necesario formar parte activa de los procesos decisorios que moldean sus vidas. La participación debe ser inclusiva, abierta a nuevos liderazgos y considerar la perspectiva de género e interseccionalidad, de manera que se integren diversas voces y experiencias.
En un mundo cada vez más globalizado, la agenda migratoria no puede limitarse a foros consultivos; debe posicionarse en espacios donde se ejerza una incidencia ciudadana real y efectiva, que trascienda lo simbólico. Es fundamental que las y los migrantes accedan a espacios de decisión que les permitan influir en las políticas que impactan sus vidas y las de sus familias.
Asumir este poder implica ejercer una diplomacia ciudadana consciente y activa en todos los niveles, que supere las barreras legales, sociales y culturales que limitan su participación. Solo a través de una participación plena y comprometida en los procesos políticos y sociales se podrá garantizar una verdadera inclusión y construcción de sociedades más justas y democráticas, donde cada voz, sin importar su origen, sea escuchada y valorada.
