Álvaro Uribe tiene tanto poder que el único que lo puede destruir es él mismo. En 2012 Uribe se pegó un tiro en el pie. El odio visceral contra el senador Iván Cepeda y su convencimiento en creerse un ser casi sobrenatural, terminó por jugarle una mala pasada. Fue el camino hacia una trampa elaborada por él mismo.
En Colombia nadie, ni la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ni la Fiscalía ni la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) tenían la motivación suficiente para investigar con rigor jurídico al exgobenador, expresidente y exsenador. Salvo algunas excepciones, todas estas instancias miraban para otro lado a pesar del cerro de procesos, 28 sólo en la Corte Suprema de Justicia, que carga a cuestas.
Pero llegó el 28 de febrero de este año; era miércoles. Ese día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Luis Barceló, sorprendió no solo por archivar la investigación contra el senador Iván Cepeda, sino por haber compulsado copias para abrir una nueva investigación derivada de este proceso en contra del denunciante inicial, el senador Álvaro Uribe Vélez.
Las fechas son y serán importantes porque si bien la denuncia de Uribe se produjo como simple ciudadano, aunque con la figura de recién expresidente, la que se abre en febrero de este año por la CSJ ocurre a partir de las maniobras supuestamente realizadas por Uribe antes y durante su ejercicio como senador y en contra de otro senador.
Y Uribe se desespera. Ante el avance del proceso en contra en la CSJ, Uribe comete otro error; angustiado por el contenido de las 219 páginas que el senador Iván Cepeda presentó ante la Corte para responder a las acusaciones, Uribe decide iniciar una estrategia de presión a uno de los testigos claves en todo este proceso: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Cuenta la investigación que otro miércoles, el 21 de febrero pasado, iniciaron las presiones al testigo Monsalve para buscar su retractación. Fue un abogado y un recluso los que se acercaron a Monsalve para intentar negociar el cambio de versión que Monsalve había hecho ante la Corte Suprema de Justicia y que involucraba a Álvaro Uribe con la presunta conformación de grupos paramilitares en predios de la hacienda Guacharacas, en San Roque (Antioquia), propiedad de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
Los que visitaron a Monsalve en la cárcel a nombre de Uribe Vélez fueron el abogado Diego Cadena, reconocido defensor de narcotraficantes y apoderado del senador Álvaro Uribe, y el recluso Enrique Joaquín Pardo Hasche.
Con lo que no contaba el abogado Cadena y su recluso amigo, era que Juan Guillermo Monsalve iba a grabar las conversaciones con un reloj que ya se volvió famoso, y que la propia Corte Suprema haría lo suyo pues días antes había ordenado la instalación de cámaras y micrófonos en las zonas donde Monsalve se reunía con sus visitantes. Son más de 2.400 grabaciones y centenares de minutos grabados los que conforman el expediente.
Es de esta forma que Uribe sella su suerte a un proceso que se insinúa muy peliagudo para un hombre con un poder gigante, pero a la vez débil porque su proceso, sea en la Corte o sea por la justicia ordinaria, se convertirá en la prueba de fuego de la justicia en Colombia y por ahí derecho, el de la institucionalidad, esa que salió a flote el 26 de febrero de 2010 representada en un fallo de la Corte Constitucional, que en una votación de 7 a 2, declaró inconstitucional por vicios de forma y de fondo el referendo que buscaba la segunda reelección y el tercer mandato de Álvaro Uribe Vélez, el todo poderoso nacido en Medellín el 4 de julio de 1952, un día miércoles.
