Los colombianos en el exterior: abandonados a su suerte (I)


Pie de foto: Festival intercultural en Madrid. Foto Aculco


Resulta alarmante ver la manera en que los últimos gobiernos de Colombia han gestionado la política migratoria para los miles de colombianos que han abandonado el país, desde la década de los noventa.

Consecuencia de múltiples circunstancias internas como la guerra civil no declarada desde la década de los cincuenta, una política marcada por la derecha política que ha controlado el poder, casi desde la independencia del país a comienzos del siglo XIX, el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares y las catástrofes naturales que azotan esta parte del mundo, hombres y mujeres de diferentes zonas del país han salido en búsqueda de mejores horizontes, primero hacia los Estados Unidos y Venezuela y luego hacia España y Europa en general, donde han pretendido trabajar e integrarse a sociedades distintas, culturas distintas y economías más sólidas, en una lógica marcada por la globalización económica y el libre mercado.

Desde la búsqueda de refugio y asilo, en una nación controlada por la violencia política y el conflicto armado -ahora por la muerte indiscriminada de los defensores de derechos humanos- los últimos datos son alarmantes, por la manera en que se está gestionando el post-conflicto desde el Estado y cómo no hay control sobre la sociedad civil polarizada por la guerra.

A la huida del país por amenazas de muerte, ocurrida en las últimas décadas, sobre todo por parte de los paramilitares, unos extraños híbridos entre las fuerzas legales y los defensores de la propiedad privada latifundista en los campos o los grandes potentados de las ciudades, incluidos los capos de la mafia, un poder factico que sigue presente en las estructuras socio-políticas del país. Se suma ahora la huida económica de una economía que no toca fondo, resultado de recortes, de la aplicación a rajatabla del modelo neo-liberal, de las políticas globales de los países más desarrollados y de un modelo social que no consigue el equilibrio entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de muchos -cada vez aumenta más el número de pobres, más de 13 millones de pobres absolutos-, en la extraña balanza que favorece los poseedores de la tierra, de la industria, de la infraestructura comercial, de las redes de la información o la telefonía digital, de los centros de pensamiento, universidades privadas, incluidos el inmenso poder de la iglesia católica que controla el negocio del saber privado en un país marcado por una catolicidad ortodoxa.

Dadas estas condiciones, la emigración colombiana continúa un desangre de mixturas humanas que abandonan la seguridad que da permanecer en el lugar donde se nace, a la aventura de lanzarse a un destino desconocido donde el proceso migratorio termina en éxito o fracaso. Los estudios muestran este desarraigo social, económico, político, psicológico y cultural que va marcando la nueva vida individual y familiar de quien decide o es obligado a emigrar.

Pero nuestra pregunta inicial sigue siendo ¿cuál es el papel del Estado colombiano en el apoyo, seguimiento e integración de los miles de colombianos que han abandonado el país? ¿Cuáles son las políticas públicas, y sobre todo su aplicación, para apoyar esta larga diáspora de colombianos en el exterior?



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