Ley empanada: aprobada protección a los vendedores ambulantes


Pie de foto: Vendedor ambulante en Manizales


Cerca de 1.200.000 personas trabajan en Colombia como vendedores ambulantes ganando su sustento de manera legítima -hasta ahora con la desprotección del estado-, estando sometidas en muchos casos a situaciones en detrimento de derecho al trabajo.

Por ello, fue aprobada en el Congreso de la república La “Ley empanada”, que obliga a los alcaldes a crear espacios especiales y en las mejores condiciones para brindar garantías laborales a los vendedores ambulantes de todo el país.

La iniciativa establece que las autoridades no podrán imponer multas a los ciudadanos por adquirir productos en la calle y tampoco podrán restringir la comercialización de los mismos.

El senador Carlos Guevara, autor de la ley, explicó que esta busca proteger a todos los vendedores informales del país. Hoy existen 1.200.000 vendedores en el espacio público ganándose la vida en largas jornadas y sin ningún tipo de protección social. Lo que se pretende es permitirles que puedan seguir usufructuando el espacio público y a su vez, de manera organizada con las entidades territoriales y la Policía, poder seguir haciendo sus actividades sin detrimento de la actividad formal.

Esta ley de manera integral busca además que los vendedores ambulantes puedan garantizar un ahorro para la vejez (Pensión), con parte del dinero que ellos van a pagar para el uso de ese espacio público, además de realizar un Censo nacional de vendedores ambulantes, la búsqueda de locales bien ubicados donde tengan un mercado estable, y que puedan encontrar alternativas de ingreso (empleo o negocio): Capitales semilla.

Igualmente, brindarle a los vendedores capacitación en el SENA en diferentes artes y oficios, así como garantizar programas de formación y capacitación para hagan tránsito a la legalidad y permitir que haya confianza legítima de la Corte Constitucional.

«La garantía del trabajo digno genera crecimiento económico y social no solo para los vendedores sino para sus familias»

Así pues, garantizando el derecho al trabajo y con la regularización de un alto porcentaje de la población colombiana dedicada a la venta ambulante, se da un importante paso en el avance hacia la protección de los derechos humanos en el país. La garantía del trabajo digno genera crecimiento económico y social no solo para los vendedores sino para sus familias.

Con la posibilidad de formación y el acceso a capitales semilla, la precariedad en el empleo puede obtener una mejora sustancial, generando fuerza laboral capacitada y formada, diversificación de negocios y todo ello derivado en el mejoramiento de la calidad de vida de muchos connacionales.


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