Coach wellness & advisor | @felipevillamil_
===
Madrid no es solo la capital de España. Es también uno de los principales epicentros de la diáspora colombiana en Europa. En sus barrios, universidades, hospitales, empresas y emprendimientos late una Colombia diversa, trabajadora y resiliente que ha hecho de esta ciudad su segundo hogar sin renunciar a sus raíces. Por eso, lo que ocurre en nuestras instituciones en el exterior —en particular en la Embajada y el Consulado— no es un asunto menor: es una cuestión de responsabilidad pública, ética y respeto por la comunidad.
Embajada y Consulado: facultades distintas, responsabilidades complementarias
Conviene recordar algo básico pero fundamental: la Embajada y el Consulado no son lo mismo ni cumplen las mismas funciones.
La Embajada de Colombia en España representa políticamente al Estado colombiano ante el Reino de España. Su ámbito es diplomático: relaciones bilaterales, cooperación, interlocución institucional de alto nivel.
El Consulado General de Colombia en Madrid, en cambio, tiene una misión eminentemente administrativa y de servicio: registro civil, pasaportes, poderes, asistencia a connacionales en situaciones de vulnerabilidad y articulación comunitaria. Su razón de ser es la ciudadanía.
Cuando estas fronteras se difuminan o se instrumentalizan, se generan tensiones innecesarias. Y más grave aún: cuando la gestión consular se contamina de amiguismo, favoritismos o dinámicas de poder personal, se traiciona la esencia misma del servicio público.
El riesgo del amiguismo consular
La comunidad colombiana en Madrid es amplia, plural y políticamente diversa. En ese contexto, el Consulado no puede convertirse en un espacio donde “caer en gracia” al cónsul o al equipo de turno determine el acceso, la visibilidad o la permanencia en iniciativas comunitarias.
Un consulado no es una plataforma de promoción personal ni un club de afinidades. Es un espacio soberano de todos los connacionales.
Cuando desde la gestión se manipulan espacios concebidos para alinearlos a intereses particulares —ya sean aspiraciones políticas futuras, cuotas de protagonismo o redes de influencia— se erosiona la confianza de la diáspora. Y la confianza es el principal capital institucional en el exterior.
La rotación diplomática es una realidad. Los cónsules saben que su paso por una ciudad tiene fecha de inicio y de cierre. Precisamente por eso, el sentido de responsabilidad debería ser mayor: gestionar con sensatez, construir procesos sostenibles y dejar estructuras sólidas, no redes personales.
La gestión pública no puede tener fecha de caducidad comunitaria
Si la comunidad siente que los espacios se abren o se cierran según simpatías, que determinadas voces son marginadas por no alinearse con el equipo de turno, o que los liderazgos sociales tienen “fecha de caducidad” dependiendo de afinidades personales, estamos ante una distorsión grave del servicio público.
El consulado no puede ser rehén de aspiraciones de poder. Debe estar por encima de coyunturas y gobiernos.
Las Mesas Multiplicadoras: eje del servicio real
Las Mesas Multiplicadoras deben recuperar y consolidar su papel como eje fundamental del servicio comunitario. No pueden ser un apéndice decorativo ni una formalidad burocrática.
Deben ser espacios de participación real y plural; canales de escucha activa de las necesidades de la diáspora; plataformas de articulación entre asociaciones, emprendedores, académicos y trabajadores; e instrumentos de continuidad institucional, más allá del funcionario de turno.
Su visibilidad debe ser mayor. Su cercanía, auténtica. Y su funcionamiento, transparente.
Idiosincrasia, soberanía y ejemplo en el exterior
Madrid es uno de los mayores referentes de población colombiana en el exterior. Lo que aquí se haga —o se deje de hacer— marca pauta. La gestión consular debe ser ejemplo de nuestra idiosincrasia: hospitalidad, trabajo colectivo, resiliencia, respeto por la diversidad.
El consulado representa al Estado colombiano, no a una corriente política específica. La diáspora es plural y así debe ser tratada. El espacio consular pertenece a todos los connacionales, sin distinción. No puede administrarse como un territorio de afinidades ni como una extensión de proyectos personales.
Esto tiene que cambiar
La diáspora colombiana en Madrid no pide privilegios. Pide reglas claras, trato equitativo y coherencia institucional.
La gestión pública en el exterior debe medirse por su capacidad de servir, no de seleccionar.
Por su apertura, no por su círculo cercano.
Por su construcción colectiva, no por su cálculo político.
Porque al final, quienes permanecen no son los funcionarios de turno. Es la comunidad.
Y esa comunidad merece un consulado a la altura de su dignidad.