Así se acordó al término de una reunión de la que hicieron parte Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, viceministra de Promoción de la Justicia; Érika Patricia Rincón Remolina, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos; y Nicolás Murgueitio Sicard, director de Asuntos Internacionales.
Por su parte, la delegación española estuvo integrada por Laura Oroz Ulibarri, directora de Cooperación con América Latina y el Caribe; Aleix Garau Montané, ministro Consejero; Sergio Colina Martín, jefe del Departamento de Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur; y Vicente Ortega Cámar, coordinador general de la Cooperación Española en Colombia.
Métodos alternativos de resolución conflictos
Durante el encuentro, además, se exploró la posibilidad de ampliar el trabajo y los recursos para fortalecer los métodos alternativos de resolución conflictos.
“Continuamos fortaleciendo los lazos de cooperación a nivel internacional. Hemos dado el paso para que llegue una erogación de 300.000 euros de parte del gobierno de España. Lo importante es que se fortalecerán nuestras políticas de acceso a la justicia y la capacitación de nuestro personal en las regiones», indicó la viceministra Delgado, quien añadió que el proceso se iniciará en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
El proyecto permitirá ampliar la cobertura rural gracias a 26 jornadas móviles de acceso a la justicia y al fortalecimiento de las competencias de los operadores del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana. Esto último a través de procesos de formación y capacitación en asuntos relacionados con la atención diferencial a niños, niñas y adolescentes.
Beneficiarios y beneficiados
Los beneficiarios directos serán los servidores públicos de los niveles nacional y territorial vinculados a estas casas y centros, así como las comunidades vulnerables del litoral pacífico. Según datos del censo de 2015, se estima que la población de estos 26 municipios priorizados es de 5.090.487 habitantes.
Los municipios beneficiados con el proyecto -que hacen parte del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana- son Pasto, Ipiales, San Andrés de Tumaco y Túquerres (Nariño); Popayán, Buenos Aires, Caloto, Corinto, Guachené, Piendamó, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Toribio (Cauca); Cali -Aguablanca, Siloé y Alfonso López-, Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, Pradera y Tuluá (Valle del Cauca); y Quibdó, Carmen del Darién, Condoto, Istmina, Nóvita y Tadó (Chocó).
Casas de justicia y los centros de convivencia ciudadana
Las casas de justicia y los centros de convivencia ciudadana son modelos de atención para el acceso a la justicia y ofrecen servicios gratuitos de información, orientación, resolución de conflictos y trámites de justicia a través de entidades del orden nacional y local. Con ellos se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Actualmente operan en el país bajo el liderazgo del MinJusticia 114 casas de justicia y 42 centros de convivencia ciudadana.
