En busca de soluciones

La crisis sanitaria que vive en la actualidad España y el mundo, ocasionado por la Covid-19 ha desplegado medidas por parte de las instituciones para mitigar el impacto negativo de este fenómeno en la población y en las personas vulnerables, dentro de ellas las solicitantes de protección internacional. Una de estas ha sido la medida relativa a la prórroga de vigencia de los documentos de los solicitantes de asilo a raíz de la declarada emergencia sanitaria COVID-19. Se establecieron algunas, mediante resolución, relativas a la documentación como:

“3.- El resguardo de presentación de solicitud de protección internacional (“resguardo blanco”), que hubiera sido expedido con anterioridad al estado de alarma, vio prorrogada su vigencia en nueve meses a contar desde la expiración de la validez del documento, siempre y cuando no se haya notificado negativamente la resolución del expediente.

4.- El documento acreditativo de solicitante de protección internacional (“tarjeta roja”) y el documento acreditativo de solicitante de condición de apátrida (“tarjeta verde”) que hubieran sido expedidos con anterioridad al estado de alarma, verán prorrogada su vigencia siete meses a contar desde la expiración de la validez de los documentos, siempre y cuando no se haya notificado negativamente la resolución del expediente”. Este tiempo ya paso y nos encontramos con miles de resoluciones denegadas y a quienes no le resuelven aun, en total indefensión porque hay un bloqueo en el sistema de cita previa, para renovación del documento.

Dificultades operativas

El resguardo de presentación de solicitud de protección internacional (“resguardo blanco”), así como los documentos acreditativos de solicitante de protección internacional (“tarjeta roja”), conllevarán, a partir de los seis meses desde su fecha de solicitud, el derecho a trabajar, independientemente de que no lleve incorporada la leyenda “Autoriza a trabajar”, siempre que no se le hubiera notificado negativamente la resolución de su solicitud. Pese a que estas buscaron alivianar la saturación administrativa y facilitar los trámites también se han visto dificultades operativas que vulneran los derechos de los solicitantes de asilo. Ha sido difícil que esto fuera reconocido por bancos para sacar cartilla o por las gestorías para un contrato de trabajo o por los mismos funcionarios, por ejemplo, para el canje de carnet de conducir y para activar el certificado digital, ya que desde la pandemia es casi la única forma de comunicación con la administración.

La lista es interminable para relatar los obstáculos de las consecuencias de las mil trabas y el límite de paciencia que se ha desplegado para no caer en la desesperación de un cierre total de caminos para vivir como solicitante de asilo. El colmo es el total desconocimiento por acción o por omisión de la situación colombiana, por parte de quienes deciden expedientes de personas y familias con un cansancio e incertidumbre inmensa por sobrellevar esta condición de desamparo y penuria.

Ese desconocimiento de gestores y administraciones de las medidas adoptadas por parte del Ministerio del Interior y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, lleva a negar el derecho al trabajo y a ser persona, ahora es la administración quien suma a esta situación por un sistema bloqueado e inoperante, en donde se otorga la potestad a privados dándoles prioridad para que cobren por estos servicios, para ellos está autorizada la presentación en estas aplicaciones informáticas y la cita no se sabe cómo pero la consiguen, mientras que el ciudadano se encontrará siempre un mensaje de NO HAY CITAS.

Marginación socio-laboral

De igual manera, la asignación del número de seguridad social para los solicitantes se ha vuelto un impedimento obtenerlo, debido a que la tesorería les exige un pre contrato o contrato laboral para asignarles el número se seguridad social. Una exigencia que no está contemplada dentro de los requisitos, pero que se les requiere a quiénes tienen su documento vencido. Todo lo anterior ha puesto a la población solicitante en una marginación socio-laboral al no poder acceder a un contrato laboral para poder satisfacer sus necesidades básicas en el marco de una pandemia global que aumenta la vulneración de sus derechos, frente a unos servicios sociales que con el sistema de trabajo telemático no atiende las nuevas demandas y no responde a la inmensa emergencia que se está presentando.

Ahora bien, de cara a las denegaciones de solicitudes de protección internacional. Nos encontramos con un panorama desalentador para la mayoría de los países latinoamericanos. Principalmente, de nacionales colombianos. Las cifras publicadas por el Ministerio del Interior ponen de manifiesto, por un lado, la magnitud de solicitudes de asilo, pero a su vez, la cantidad de denegaciones para solicitantes provenientes de Colombia -55,39% de las denegaciones totales-. Frente a ello, es esencial reconsiderar el análisis y estudio de los casos colombianos, debido a la afluencia masiva que se ha evidenciado en los últimos cinco años.

La crisis humanitaria de Colombia reconocida por organismos internacionales como Naciones Unidas muestra la vulneración de derechos humanos que sufre el país ante el incumplimiento de los acuerdos de paz pactados en el año 2016 y el incremento de necesidades humanitarias de la población. Los asesinatos selectivos, las masacres, la persecución por parte de grupos armados y de instituciones estatales hacia la población civil muestra las nulas garantías que tienen los solicitantes sobre su derecho a la vida y dignidad. De manera que, resulta imprescindible realizar un análisis minucioso del conflicto colombiano y de las repercusiones en la población. Puesto que, la denegación de sus solicitudes pone en riesgo su vida al tener que regresar a un territorio en el que el Estado no protege su derecho a la vida y viola su dignidad como personas.

Diciembre 2020
Solicitudes presentadas: 88.762

Por esto, resulta cuando menos incomprensible que el Gobierno del Reino de España, no reconozca esta realidad y deniegue el 98% de las solicitudes de asilo de los y las colombianas, que es igual o tanto mayor al número de concesiones por circunstancias humanitarias para los venezolanos, medida que desde AESCO venimos solicitando, se reconozca la crisis de ddhh, aunque esta sea de diferentes características y más compleja. Nos alegramos de las medidas de regularización del gobierno colombiano con los venezolanos, pues siempre deseamos para otros lo mismo que queremos para nosotros, pero lamentamos que, para completar esta tragedia de los solicitantes de protección en España, no se reconozca.

España alaba el gran esfuerzo del gobierno colombiano con la población venezolana y apoya con dineros la atención social que se les brinde, pero en su territorio niega todo, poniendo en tela de juicio las razones humanitarias del destierro y el trato digno que merecen esta circunstancia humanitaria. Medir con diferente vara y quitar con una mano, lo que se da con la otra, no merece sino indignación por un trato diferente. No queda más remedio que visibilizan hasta la saciedad esta penosa realidad y buscar soluciones, diferentes a la indocumentación y el olvido.