La nueva situación de la migración a partir de la crisis sanitaria global y la afectación a las políticas de atención que se agencian desde los países europeos, en particular la encrucijada de países como Colombia en franco declive y desesperanza, frente a la crisis social y económica de los países a donde se produce su actual éxodo, particularmente España en Europa, merece la atención de un gobierno como el de España, que no termina de reconocer la realidad de una democracia fallida como la colombiana y que viola los derechos humanos.
Los países han cerrado las fronteras, porque en este mundo globalizado el virus viajó en avión a América Latina desde Europa y de Asia a Europa y Estados Unidos, y así nos mostró lo peor del desgobierno de la globalización. Lo estamos afrontando llenos de incertidumbre, se desconoce la fecha en que pueda contarse con una vacuna, y del virus, solo se sabe que contamina de forma exponencial y que mata.
Ese cierre de fronteras ha llevado a que países como Portugal e Italia, en marzo y mayo, respectivamente, aprobaran una regularización de los migrantes por diferentes motivos. Italia a quienes se dedican a las labores agrícolas y de cuidadores domésticos, que pudieron optar a un permiso de residencia temporal para paliar la falta de mano de obra por la pandemia de coronavirus. El Gobierno portugués el pasado 28 de marzo decidió regularizar, ante la crisis del Covid-19, a todos los migrantes que hubieran solicitado permiso de residencia, con el fin de garantizar los derechos de todos los ciudadanos que están en Portugal, a la salud como medida preventiva al contagio.
Tendremos una característica cada vez más notoria de los mercados del trabajo en tiempo de inequidad global y es el hecho de que desde la crisis de 2008, hay más mano de obra extranjera en paro que nacionales en España, más solicitantes de protección internacional y más conflictos armados.
Es lógico desde el punto de vista de quienes piensan que los migrantes y su situación legal están asociados a la realidad del mercado de trabajo, pensar que estos trabajadores sobran. Puesto que efectivamente el sur de Europa tendrá una crisis económica tan grande que arrojará a un 21% de su población activa al paro, en esta situación, el papel de los migrantes o por lo menos de la gran mayoría que no tienen estudios superiores, será de reemplazo en los sectores en donde no haya autóctonos para el trabajo ahora y, después, para oficios varios como el cuidado de ancianos o labores de alto esfuerzo físico o de trabajo en condiciones inhóspitas comenzando por el de la construcción.
En esta crisis renace la visión nacionalista de lo propio y quienes primero pierden el trabajo son los migrantes. Ese nacionalismo, cuyo mayor exponente en el gobierno es Trump, ya existía antes de la crisis y no eran tiempos buenos para las migraciones y los migrantes, puestos en la picota del discurso xenófobo y discriminatorio también en Europa. Representado por Vox en España.
Durante la vigencia del Estado de Alarma declarado del 14 de marzo al 21 de junio del 2020, se implementaron algunas medidas para aliviar necesidades socioeconómicas de la población vulnerable como el Real Decreto Ley 11/2020 por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, y que buscan subsanar las moratorias de pagos de alquileres para aquellas personas que se han visto afectados económicamente por la crisis sanitaria. Sin embargo, los requisitos allí estipulados no contemplan la situación de infravivienda y de subalquiler en el que viven muchos inmigrantes. En segundo lugar, el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario abrió un abanico de posibilidades de contratación temporal para población inmigrante en el campo. Sin embargo, muchas de estas personas se quedaron por fuera de estas oportunidades debido a la falta de información y comprensión del real decreto. El funcionariado, además, puso cualquier cantidad de trabas y obstáculos a la asignación del número de la seguridad social para solicitantes de asilo que contaban con seis meses de expedición de su resguardo blanco, el cual, le concede el derecho al trabajo. Por ello, las medidas extraordinarias adoptadas para la simplificación de la tramitación de procedimientos correspondientes a la seguridad social tuvieron percances y poca efectividad para que las oportunidades de empleo fueran aprovechadas, puesto que el empleador requería de ese número para dar de alta la afiliación de seguridad social, de forma rápida y la visión mecánica del funcionariado se impuso a la ley.
Ese cierre de fronteras ha llevado a que países como Portugal e Italia, en marzo y mayo, respectivamente, aprobaran una regularización de los migrantes por diferentes motivos
Hay que resaltar que la urgencia del momento se encontró con una burocracia que no fue capaz de abordarla ni de coordinarse entre ella. Por ejemplo, la necesidad de personal médico necesitaba que la consulta de los expedientes de homologación que se estaban tramitando en el ministerio de universidades tuviera concepto rápido para que esos profesionales fueran contratados, ocurrió en pocos casos. Ante la imposibilidad de atención personal para las renovaciones de permisos y autorizaciones de estancia, el pasado 18 de mayo se adoptó una orden -SND/421/2020- en la que se tomaron medidas relativas a la prórroga de autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España durante la vigencia del estado de alarma. Allí, se concedieron prórrogas automáticas a quienes se les había vencido su permiso de residencia o visado en el periodo de alarma. No obstante, quienes obtuvieron la prórroga, están teniendo inconvenientes con sus empleadores y con entidades administrativas por la falta de credibilidad o falta de información de la medida. Hay incertidumbre con aquellos a los que se les ha caducado su documentación posterior al estado de alarma, ya que el sistema de extranjería presenta demoras y no hay respuestas oportunas para la solicitud de citas previas, nos encontramos con un sistema inadecuado y falta de una mayor acción gubernamental para solucionarlo.
El 22 de mayo, el Ministerio del Interior lanzó una directriz con medidas relativas para prórrogas de vigencia de documentos expedidos por Unidades de Extranjería y Fronteras, específicamente, para las solicitudes de asilo y refugio. Allí, se concedió la autorización a trabajar a quienes cumplan seis meses con la solicitud de protección internacional y a quienes porten documentos acreditativos de tal solicitud. Sin embargo, su ingreso al mercado laboral ha sido limitado debido a que los empleadores y gestorías, desconocen la directriz y no reconocen sus documentos como válidos para trabajar y dar altas en la SS.SS. Esto particularmente es grave con el colectivo colombiano el mayor solicitante de asilo y de un 99% de las denegaciones, (14.000 acumuladas en la pandemia y que están siendo notificadas) poniéndolos contra la pared para que abandonen en 15 días España, resoluciones que llegan y cuya motivación desconoce la realidad colombiana justificando que el gobierno colombiano brinda seguridad a través de sus fuerzas de seguridad, con este argumento se deniega el derecho de protección internacional a miles de colombianos, más de 14.000 Desconocen la situación de crisis humanitaria y violación de ddhh en Colombia. De nuevo insisto en que sólo la acción mancomunada para apoyar el deseo de cambio y el despertar de la juventud que está siendo masacrada en Colombia y las acciones de incidencia política para que el gobierno español reconozca que existe un éxodo en Colombia, producto de la sistemática violación de ddhh y por tanto otorgue el mismo tratamiento que a los solicitantes de protección venezolanos a quienes se les aprueba su solicitud y se les documenta por razones humanitarias. Es la hora de la acción común, por el reconocimiento de los derechos humanos allá y aquí.
