Una cosa es decidir qué quiere hacer un gobierno y otra muy distinta tener la capacidad institucional para hacerlo realidad.
Los gobiernos pueden formular planes milagrosos, aprobar reformas, anunciar programas y establecer metas. Pero entre una decisión y un resultado hay un camino que exige mucho más que voluntad política. Se necesita coordinar instituciones, movilizar recursos, contar con equipos profesionales, utilizar información de calidad, implementar políticas, corregir errores e innovar. En ese recorrido se juega buena parte de la capacidad real del Estado.
Marco de Capacidades para la Ejecución Gubernamental
De allí surge el Marco de Capacidades para la Ejecución Gubernamental (MCEG), una solución que permite identificar las capacidades institucionales que hacen posible convertir las prioridades y decisiones de gobierno en resultados concretos para la ciudadanía y saber cuáles necesitan fortalecerse.
El marco parte de una revisión comparada de los principales referentes internacionales en gobernanza pública, entre ellos la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas. De ese ejercicio se identifican quince capacidades, organizadas en cinco dimensiones que se relacionan entre sí.
El desafío no es solamente definir qué queremos cambiar, sino asegurar que las instituciones tengan las capacidades necesarias para hacerlo realidad.
Todo comienza con las capacidades habilitadoras. La dirección estratégica marca el rumbo, la coordinación institucional articula la acción del Estado, el servicio civil profesional aporta conocimiento y continuidad, y el desarrollo de capacidades permite que las instituciones aprendan y se fortalezcan.
Sobre esa base se construyen las capacidades de gestión. El uso de datos y evidencia mejora las decisiones; el gobierno digital y la interoperabilidad permiten trabajar de manera más integrada; y una buena calidad regulatoria facilita que las políticas puedan implementarse con reglas claras y eficaces.
Ejecución
El siguiente paso está en la ejecución propiamente dicha. La gestión para resultados orienta los esfuerzos hacia objetivos concretos; el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje permiten saber qué funciona y qué debe corregirse; y la implementación convierte las decisiones en acciones que producen resultados.
Pero un Estado también necesita capacidad para transformarse. Allí aparece la innovación pública, entendida como la posibilidad de encontrar nuevas respuestas frente a problemas que cambian y que muchas veces no pueden resolverse con las mismas herramientas de siempre.
Y todo este sistema necesita legitimidad. La integridad pública, la participación y colaboración y la inclusión permiten que la acción institucional se ejerza con transparencia, responsabilidad y atención a las necesidades de la sociedad.
El valor del marco está en entender estas capacidades como un sistema y no como componentes aislados. También en que puede aplicarse a distintas realidades institucionales. Puede servir para analizar una entidad del Gobierno nacional, una entidad descentralizada, una gobernación o una alcaldía, pero también instituciones con funciones específicas como un consulado o entidades orientadas a la promoción económica y comercial del país.
Capacidades necesarias
Esto permite cambiar la cuestión. Más que preguntarnos solamente si una institución tiene buenas políticas, programas o proyectos, podemos preguntarnos si cuenta con las capacidades necesarias para ejecutarlos.
El MCEG no busca, convertirse en otro índice para calificar gobiernos. Su propósito es ofrecer una forma ordenada de identificar fortalezas, reconocer brechas y orientar decisiones de fortalecimiento institucional.
Cada cambio de gobierno renueva las expectativas y abre oportunidades para transformar. Pero entre las decisiones y los resultados existe una condición que no puede perderse de vista: la capacidad institucional para ejecutar.
El desafío no es solamente definir qué queremos cambiar, sino asegurar que las instituciones tengan las capacidades necesarias para hacerlo realidad. Fortalecerlas, medirlas y prepararlas para responder a nuevas prioridades debería ser parte central de cualquier esfuerzo de transformación del Estado.
