Las restricciones de viajes a España han reducido la presión migratoria desde países como Colombia y Venezuela. Sin embargo, no ha disminuido los procesos de petición de asilo de nuevos migrantes que venían acumulados.
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior resolvió en 2020 un total de 116.614 expedientes de protección internacional, lo que significó en la práctica, duplicar las resoluciones con respecto al año anterior, cuando se resolvieron 62.592 peticiones.
Esta cifra supone un récord histórico y confirma la tendencia que se viene registrando desde hace dos años (en 2018 se resolvieron 12.889 peticiones).
En cuanto a las peticiones registradas, hasta el 31 de diciembre, se presentaron en toda España un total de 88.762 solicitudes de protección internacional (un procedimiento que puede iniciarse independientemente del momento de llegada al país), frente a las 118.446 solicitudes registradas en 2019.
Esto significa, que es la primera vez desde 2011, que se resuelven más expedientes de los que se registran y se ha generado por lo tanto un cambio de tendencia que está permitiendo reducir el stock de solicitudes pendientes.
Por nacionalidades, los principales países de procedencia de los solicitantes de protección internacional en 2020 fueron por orden, Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y Nicaragua. Por lugar de presentación, se sitúan la Comunidad de Madrid, con 33.871 solicitudes, seguida de Cataluña (9.614) y la Comunitat Valenciana (9.060).
Peticiones de protección internacional
En general, desde el año 2018, las peticiones de protección internacional de colombianos en España se incrementaron notoriamente y se caracterizan por ser personas que huyen del conflicto colombiano. De tal forma que, muchos connacionales, incluyendo víctimas del conflicto, se han visto obligados a buscar asilo en el exterior por la situación de inseguridad que vive el país y el temor a que empeore.
En la 2018, hubo problemas en el censo de solicitantes de asilo porque muchas solicitudes no alcanzaron a grabarse en el sistema, por lo que los refugiados oficialmente no existían. Las citas previas tardaban cuatro meses de media, cuando la mayoría eran casos urgentes por problemas humanitarios. Después se procedió a dejar de dar citas en previsión del colapso absoluto y luego se retomó. Esta situación a partir de 2019 se empezó a corregir y cubrir los retrasos existentes.
Ante esta nueva oleada migratoria colombiana, los consulados y las asociaciones de migrantes, como es normal, siguen derivando a la diáspora, a entidades locales para su asesoría jurídica y acompañamiento social.
Desafortunadamente, los gobiernos locales y nacionales, por la presión xenofóbica de partidos y movimientos antinmigración se han visto obligados a reducir los presupuestos para migrantes en riesgo. Esto ha ocasionado que las entidades de ayuda, tengan menos recursos para atender un mayor colectivo de migrantes necesitado de protección integral.
Con el fin de que la xenofobia no se incremente aún más, ONGDS como la Cruz Roja, CEAR, etc. realizan campañas de sensibilización explicando el aporte de los migrantes al ocuparse en empleos desechados por los residentes. Con ello, incrementan las cotizaciones a la seguridad social, lo que permite pagar las pensiones de una población que requiere de la migración para renovarse.
Diplomacia Humanitaria
Esta labor permite contrarrestar la información falsa sobre la migración que la muestra como una carga social y generadora de inseguridad. El proceso de sensibilización sobre la importancia de un colectivo sus derechos y promocionar su inclusión se denomina Diplomacia Humanitaria.
Técnicamente, la Diplomacia Humanitaria se entiende como el conjunto de actividades que llevan a cabo entidades con el fin de obtener por parte de actores públicos privados y sociales el apoyo en desarrollo humano a colectivos específicos como los migrantes.
De esta forma realizan actividades en tres ejes principales; actividades de representación y networking, actividades de negociación & compromiso, y actividades de promoción o incidencia político-humanitaria; dentro de las cuales destacan la promoción al respeto de los derechos humanos del respectivo colectivo.
Los Fundamentos jurídicos y técnicos de la diplomacia humanitaria, se puede asumir como vinculante a las funciones de las misiones diplomáticas y consulares que aparecen descritas en la convención de Viena. Esta convención impulsa el deber de protección de los intereses de los migrantes.
En el caso de la diáspora, la protección es necesaria porque los migrantes tienen mayor riesgo de exclusión para el acceso a derechos económicos sociales y culturales en el país destino. Se reconoce como riesgos que su red familiar y social de información-acompañamiento es menor. Igualmente existen barreras idiomáticas, culturales y un ambiente a veces xenofóbico que genera su exclusión.
Esto debe motivar a que las embajadas y consulados promuevan espacios de cooperación como mesas humanitarias donde sociedad civil, entidades locales y nacionales relacionadas cooperen para empoderar la inclusión de la diáspora. En esa vía faciliten a través de estas mesas, la información y formación de la diáspora para acceder más fácil a sus derechos económicos sociales y culturales. El resultado es que la mesa es un puente para que los migrantes conozcan: los programas que les benefician, realicen diagnósticos de problemas, impulse proyectos resolutivos que mejoren su situación y hagan redes de cooperación con Colombia.