Conflictos ambientales y banca: una mirada a los riesgos sociales y ambientales


Pie de foto: La Hidroeléctrica Ituango (Antioquia) será la central de generación de energía más grande de Colombia, con sus 2.400 Mw atenderá el 19% de la demanda de energía del país


El desarrollo de proyectos de alto impacto ambiental -como es la construcción de hidroeléctricas, autopistas, puertos, represas, extracción de hidrocarburos, minería a cielo abierto- suponen procesos complejos en que hay diversas etapas de diseño, negociación con comunidades y propietarios, búsqueda de financiación con banca nacional o extranjera, construcción, operación y refinanciación, entre otros. A lo largo de todo ello hay altos riesgos financieros, y es ahí donde la identificación, medición, análisis del riesgo ambiental y social son una cuestión relevante por los impactos adversos en el medio ambiente y en las comunidades.

En el 2003, fueron promulgados los Principios de Ecuador, que representan un buen ejercicio de autorregulación de las entidades financieras. Son la «debida diligencia empresarial» para medir los impactos sociales y ambientales que puedan generar determinados proyectos. Hoy la banca y el conglomerado social necesitan tanto sostenibilidad ambiental como estabilidad social y jurídica en las inversiones que se realicen.

Consideramos que el sistema financiero puede ser un articulador de la sostenibilidad en la implementación de dichos proyectos de alto impacto social y ambiental, pues facilita a los privados el flujo de dinero necesario para el desarrollo de los proyectos. Pensemos en casos connotados como fue la construcción de la represa de las Tres Gargantas en el río Yangtsé, en China –considerada la planta hidroeléctrica más grande del mundo y uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la historia, en su momento– donde fueron desplazadas más de un millón de personas y las consecuencias ambientales son aún incalculables. O en Colombia, como fue la financiación para la construcción de Hidroituango.

Este es el típico caso que nos permite evidenciar como un proyecto puede generar unos riesgos de toda índole y afectar la actividad financiera del país. A partir de este caso, el sector financiero en Colombia empezó a comprender la importancia de exigir evaluaciones de impacto ambiental (EIA) de ciertos proyectos y la llamada licencia social para operar (LSO). Dicha situación va a afectar a las entidades financieras que tengan la calidad de acreedoras pues está en «riesgo» el pago de la deuda por la demora en los flujos de caja del proyecto. También va a tener un impacto en la actividad aseguradora, deberán responder por las pólizas suscritas, también los inversionistas de EPM, que ya ven sus activos amenazadas con una baja en la calificación de la empresa.

«Muchos de los proyectos financiados por el sector financiero, seguramente pueden llegar a mutar a conflictos socio-ambientales y generar bloqueos institucionales tanto a la Administración como a la empresa privada»

Sin duda este era un proyecto con riesgos ambientales y sociales muy alto, clasificable a simple vista en la categoría A (dentro de la clasificación realizada en los Principios del Ecuador). Muchos de los proyectos financiados por el sector financiero, seguramente pueden llegar a mutar a conflictos socio-ambientales y generar bloqueos institucionales tanto a la Administración como a la empresa privada. Dicha realidad impone ciertos retos para la medición de los riesgos ambientales y sociales en las operaciones de crédito.

Para el manejo adecuado de los conflictos socio-ambientales hoy es necesaria la creación de unidades de riesgo socio-ambiental especializadas al interior de las entidades del sector financiero y dependencias del más alto nivel que viabilicen ambiental y socialmente el desarrollo de negocios de inversión o crédito, y que tengan diálogo con las autoridades del Sistema Nacional Ambiental. Finalmente, los conflictos generados por la utilización de los recursos naturales parecen ser un elemento constante en la historia de la humanidad, su incremento y agravación en las últimas décadas es indiscutible, y es aquí donde la información del riesgo social y ambiental es determinante para prevenirlos. El riesgo ambiental no es otra cosa que información ambiental en la toma de decisiones trascendentales para el desarrollo de los proyectos de alto impacto ambiental, y por ende para la garantía de los derechos de los ciudadanos.


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