El nuevo gobierno con el apoyo de la sociedad civil impulsa la reforma de la ley de víctimas, que puede ser de los avances más importantes, después de que las altas cortes hace unas décadas, declarara el estado de cosas, inconstitucional en el tratamiento a desplazados.
Esta reforma permitirá ajustar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV). Se trata de una estrategia integral de intervención territorial para ajustar las ofertas institucionales a diferentes niveles. Pretende que todas las víctimas del conflicto armado tengan conocimiento y acceso a los recursos legales existentes y a un sistema de justicia equitativo.
Nueve millones de víctimas
La unidad de víctimas considera que las transformaciones de la reforma son necesarias y beneficiarán a más de nueve millones de víctimas acreditadas en Colombia. En restitución de tierras se incluye la revisión de los derechos y condiciones para la restitución de tierras en todo el territorio nacional.
Habrá inclusión de nuevos principios en el proceso de restitución de tierras, acelerando el trámite administrativo para contar con la compensación o restitución misma del bien, clarificar los derechos de los segundos ocupantes, entre otros aspectos.
Respuesta coordinada
Se está implementando un enfoque de soluciones duraderas, como una respuesta coordinada y articulada a nivel interinstitucional, a través de estrategias y acciones destinadas a superar de manera definitiva y sostenible la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
En el diseño de la ley se ha impulsado procesos de participaron donde han estado más de 1.700 personas provenientes de diferentes sectores, entre ellos: las mesas de participación de víctimas, organizaciones de víctimas, víctimas en el exterior, víctimas no organizadas, representantes de pueblos étnicos, de enfoques diferenciales y de organizaciones que históricamente han trabajo por los derechos de las víctimas.
Además, en estos espacios también se escucharon las propuestas por parte de personas expertas, académicas, integrantes de los organismos de control, de las instancias que hacen seguimiento a la política, de entidades del orden nacional y territorial y de organismos de cooperación internacional.
El proyecto responde al deber de avanzar en la garantía y goce efectivo de los derechos de las víctimas, bajo los principios de progresividad.
Los 9 ejes centrales de la reforma:
1. El enfoque de soluciones duraderas:
Se siguen estrategias destinadas a superar de manera definitiva y sostenible la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Estas estrategias dan una respuesta institucional efectiva a su vulnerabilidad, con especial énfasis en educación, vivienda y generación de ingresos.
2. Fortalecer la reparación colectiva:
La reforma propone planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), fortaleciendo las medidas económicas, de rehabilitación comunitaria y programas para el desarrollo social, salud y educación, entre otras. Se integrarán y mejoran los Planes de Reparación Colectiva con otros mecanismos del Acuerdo de Paz.
3. Fortalecer los enfoques diferenciales:
Tiene como fin impulsar la materialización de los enfoques diferenciales, incluyendo el diferencial e interseccional; derechos; niñez; género, derechos de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas; discapacidad, persona mayor y territorial.
4. Restitución de tierras:
La propuesta del Gobierno Nacional para actualizar la Ley de Víctimas pretende revisar y aclarar la ley para definir con precisión los derechos y de los segundos ocupantes y desplazados involucradas en el proceso de restitución.
5. Fortalecimiento del SNARIV:
Se reformará El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV) para garantizar a las víctimas del conflicto armado un mayor acceso a derechos. Se impulsará una Estrategia Integral de Intervención Territorial para alinear las ofertas institucionales a diferentes niveles.
6. Articulación de la política de víctimas con el Acuerdo de Paz:
Se garantizará que todas las víctimas del conflicto tengan conocimiento y acceso a los recursos legales existentes y a un sistema de justicia equitativo. La política de víctimas coincidirá con el Acuerdo de Paz y estará articulada con su implementación en planes y programas territoriales.
7. Fortalecimiento del componente de esclarecimiento de la verdad:
Se pretende fortalecer la inclusión de las víctimas en los procesos de reparación; construyendo un Mapa de Reconocimiento y Memoria promoviendo la información.
8. Fuentes de financiación:
Ante la insuficiencia de recursos, se busca una asignación presupuestal adecuada para pago de indemnizaciones, la atención, reparación y estrategias de generación de ingresos y gastos operativos, entre otros.
9. Adecuación del concepto de víctima desde una perspectiva más garantista:
Se fortalecen medidas de atención y reparación para la fuerza pública, los grupos que dejaron las armas y hayan sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Se reconoce como víctima en el exterior a cualquier persona que se encuentre fuera del territorio nacional, independientemente de su estatus migratorio en el país donde habita, si goza o no de medidas de protección internacional, refugio o asilo.
