La minga es resistencia y dignidad


Foto ONIC


En este casi año de gobierno Duque, Colombia ha retrocedido en libertades y posibilidades de equipararse a lo que es una democracia. A veces pienso que si los y las colombianas eligieron este gobierno es porque creen aún, que no se ha tocado fondo como sociedad y prefieren más de lo mismo. Sin duda demuestra la poca conciencia o la gran indiferencia al dolor y pobreza de capas muy amplias, de colombianos que viven en el campo o en los extrarradios de las ciudades, a las que una clase media nunca piensa ir, por considerarlas como zonas peligrosas con gente de mal vivir, sin escudriñar más allá y consideran que el desgobierno es normal o a lo mejor les viene bien.

Claro que pienso decididamente que es terrible para Colombia, el retroceso e involución que se está produciendo con este gobierno, a pesar de las manifestaciones de muchos sectores sociales, que deben parar, bloquear carreteras, como la reciente minga, para resistir los embates del terror que impulsan para conservar privilegios y, sobre todo, quienes usurparon la tenencia de la tierra, de forma violenta e ilegal. Este es el signo de un presidente sin consenso en el congreso y sin talante de diálogo y al servicio de una clase política en decadencia.

Una característica muy nociva es que las instituciones de justicia como la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, creada el 1º diciembre de 2017 por los acuerdos de paz y, con la tarea de desarticular los grupos paramilitares, a cargo de Martha Jeaneth Mancera, con la función de esclarecer el exterminio de líderes o movimientos sociales, incluidos los desmovilizados de las Farc, en este año y medio pocos resultados ha conseguido en su misión, y sólo ante la acción de los y las colombianos en el exterior, en el gran hecho histórico de marchar como comunidad para demandar de la fiscalía de la Haya el inicio de investigaciones por más de 500 asesinatos de líderes sociales y delitos de lesa humanidad en Colombia, es cuando esta unidad señala que: “… de los 265 asesinatos en contra de defensores de derechos humanos registrados ha identificado a los autores de 151 casos. Hay 29 condenas, 53 llamados a juicio, 35 imputaciones de cargos, 31 órdenes de captura y tres procesos precluyeron por la muerte de los sindicados”.

Que pobre resultado pues se trata de acabar con estos grupos criminales y juzgar a los jefes de esta macabra estrategia. Tal como coinciden importantes organizaciones de ddhh como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), miembro de la Comisión Nacional de Garantías en nombre de la sociedad civil, quien dice que: “Además de la escasez de personal en la unidad, su enfoque debería estar dirigido a desarmar las redes que funcionan por cuenta de las rentas ilegales (minería de oro, coca, madera y acumulación de tierras).

Un puñado de judicializaciones en contra de autores materiales y no intelectuales no desmantela a estos grupos. Hay que desarmar sus tres patas: el dinero, las armas y sus conexiones políticas”, afirma Camilo González Posso, su presidente.

Decimos involución, porque el actuar de los grupos ilegales no es nuevo. En los años sesenta, se impulsó la creación de grupos de autodefensa en medio de la Guerra Fría, el flagelo del paramilitarismo en Colombia es un asunto que no ha podido erradicarse y, (según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica), en tres décadas, más de 95.000 asesinatos han ocurrido con impunidad.

Han logrado imponer el terror a todo un país por medio de asesinatos, desapariciones forzadas, despojo de tierras, desplazamiento, entre otros crímenes de lesa humanidad.

Ya no existen las FARC. No sería este un motivo y oportunidad para desmantelar esta monstruosa red de matones. Por el contrario, hay la terrible convicción social de que la fuerza pública tiene nexos con estos grupos y de que no se investiga, porque tienen su apoyo o su silencio, por ello es trágico que la mayoría de estos asesinatos no se denuncian. La poca credibilidad de la fiscalía hace que sea incompetente con el actual fiscal y su guardia pretoriana para encubrir a quienes están detrás de esta terrorífica realidad.

Con los acuerdos y su frágil implementación el conflicto no se terminó en estos territorios, sino que se transformó. El vacío que dejaron las Farc fue ocupado por nuevos grupos ilegales que siguen sembrando el terror como método de control territorial. “La tarea del posacuerdo que iba a significar la paz para nosotros, lo único que nos ha traído son constantes luchas y desplazamientos por defender nuestros derechos”, son frases constantes de la población que habita estos territorios.

Actualmente, tienen presencia más de 11 grupos armados en el Cauca cuyo accionar delictivo se basa en la guerra por el territorio. Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 25 de febrero de 2019, 107 líderes han sido víctimas de violencia. De estos, 17 casos se registraron en Cauca.

El principal problema que enfrentan las comunidades indígenas está relacionado con el hecho de que la pérdida de la tierra, lleva implícita la pérdida de su identidad cultural porque el desplazamiento los destruye como comunidad con sus costumbres y cultura ancestral.

La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc significó al inicio, tranquilidad para los defensores de Derechos Humanos, específicamente para los que luchan por la recuperación de las tierras usurpadas durante la guerra. Los desplazados e indígenas tenían la esperanza de que, junto a sus comunidades, retornarían para construir una nueva vida en su antiguo hogar. Sin embargo, ha sido difícil ya que algunos han sido amenazados por insistir en la titulación o por lo complejo y lento transcurrir de las medidas de restitución de tierras, una justicia lenta e ineficaz, la resistencia de los despojadores y la inacción del estado.

No obstante, de tiempo atrás, las comunidades indígenas del Cauca han negociado con el estado el otorgamiento de tierras baldías, pero es un compromiso incumplido una y otra vez, por eso ya cansados de tanta burla, acudieron a la minga y este mostró la falta de voluntad de diálogo de Duque, su debilidad y su poca valía para dirigir un país con tantos conflictos sociales irresueltos, que en este gobierno se van a profundizar.

Tal vez lo más rescatable sea el fortalecimiento de las organizaciones sociales para resistir, ejemplo de dignidad que una y otra vez vemos en la población indígena.



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