La reciente consulta anticorrupción es muestra de la movilización ciudadana en Colombia que desea cambio político. Este será inexorable porque la sociedad va en ese camino, los 11,6 millones de votos revelan que el nuevo gobierno tiene un mandato para aplicar los controles y sanciones contra el delito de robar los dineros del erario público, que llamamos corrupción. Esta palabra al hacerse tan común esconde la gravedad del quebrantamiento de la ética y de los robos cometidos por la clase política que se llaman “ladrones de cuello blanco”.
A pesar de la oposición del Centro Democrático a la consulta y los límites que ella tiene, pusieron de manifiesto que al presidente Duque le toco dejar a Uribe y al representante de los y las colombianos en el exterior, con el NO que siguieron a pie juntilla perdiendo el pulso. Él la uso en su campaña electoral apoyándola, luego una vez elegido dudo en su apoyo para finalmente votarla, mejor retratado no pudo quedar.
La consulta no llegó al umbral, siendo la primera vez que este se puso a una consulta, la abstención llego a un 77%, pero mirando la botella medio llena, medio vacía, el resultado es mayor a la votación que hace menos de dos meses eligió a Duque. Este rechazo al caciquismo y un activismo en redes sociales tan grande contra la impunidad muestran que hay un cambio en las decisiones de la sociedad, la indignación colectiva se transforma en acción, no es la suficiente porque la oligarquía sigue aprovechándose de las instituciones y controlando todos los poderes desde el ejecutivo, pero es un paso importante en esa creciente educación política y acción de no violencia que deben dar los frutos para el cambio político.
Los medios de comunicación controlados por esos poderes corruptos pierden espacio y credibilidad, ante una opinión pública harta de tanto mangante, también han quedado retratados en esta ocasión como lacayos.
La gente que salió a votar tiene en su cabeza todos los horrores de cifras vergonzosas de sobornos, despilfarro y robos para privatizar servicios, hacer contratos sin estudios, saltarse las normas a la torera y seguir esquilmando lo público, eso ya no puede permitirse, es hora de dejar de quejarse para imponer otra forma de hacer y de pensar, otra ética política. Una tercera parte de votantes, ya no tolera el mal hacer y dejar pasar. Es una sanción al régimen de corrupción que impera en Colombia.
Es verdad, que algunos de los puntos a votar, ya existen en el marco jurídico y en los códigos, uno de los problemas de fondo está en que el presidente elige a quienes deben controlar y sancionar, al no existir separación de poderes. Bien sabido es que al fiscal lo designa el ejecutivo y que la máxima de Mostesquieu de que en un ejercicio político democrático deben existir pesos y contrapesos, eso es casi inexistente en el sistema político colombiano, por lo tanto, no es un Estado moderno porque no se da ese equilibrio y porque el sistema presidencialista sólo pretende mantener el status quo, que es bastante injusto, sin permitir la autonomía de los otros dos poderes.
La capacidad nominativa del ejecutivo para elegir y cooptar cargos como el fiscal general, es un impedimento para la transparencia en la aplicación derecho, pues investiga y acusa, tal aberración se constituye en el talón de Aquiles para que la justicia funcione con eficacia y castigue a estos ladrones de cuello blanco, porque la corrupción viene de esa confluencia de política, economía de rentas e improductiva, que mezclada con mafia de la cual los partidos tradicionales están impregnados hacen inviable la democracia y la justicia.
El resultado de la consulta anticorrupción tuvo fuerza eso es indudable y pone a Duque en la tesitura de asumirla, pero se trata de minimizar su alcance y salvar su imagen en el momento en que inicia su gobierno, que ya es impopular por las medidas económicas que afectan de forma importante a trabajadores y clase media. Esta vez no nos engañará, debe hacer esas reformas sin paliativo y rápido.
Quienes luchamos por transformaciones de fondo no vamos a cegar en la exigencia de la separación de poderes y en abordar las verdaderas causas que incitan al robo de lo público, con las privatizaciones que hacen de las empresas y con la consideración neoliberal de que la educación, la salud y los servicios son un negocio y no un derecho, convertirlos en derechos sociales es nuestra bandera, las empresas públicas son bienes colectivos a defender, sino fueran rentables nadie las compraría.
La transformación de la economía y el desarrollo del campo, resolviendo la concentración de la tierra, son esenciales para quitar el poder a los corruptos y reducir la desigualdad, son batallas de mayor calado a ganar, ellas continúan en la lucha por una sociedad con justicia social.
La consulta no acabará la corrupción, pero sin titubeos demuestra el aumento de la conciencia colectiva por el cambio.
