Consulta Anti-corrupción y Reforma electoral


El pasado 28 de agosto, los colombianos asistieron a las urnas a votar la consulta popular contra la corrupción en el país. En el exterior desde el día 20 estaban habilitadas las mesas para ejercer el derecho al voto. Esta vital consulta, a pesar de no haber conseguido el umbral de 12 millones de votantes, con la masiva participación de 11.670.000 ciudadanos sienta un claro precedente para el gobierno que actualmente se posesiona, sobre la imperiosa necesidad de establecer una reforma estructural para luchar contra el flagelo de la corrupción.

El escenario que ahora se presenta, es el de dejar en manos del congreso y el presidente la aprobación de los siete puntos convertidos en proyectos de ley. Iván Duque se ha sumado a esta lucha y ha apoyado la consulta. “En la lucha contra la corrupción tenemos que estar unidos todos los colombianos, esta no es una causa de color político ni una causa ideológica, es el compromiso de todo un país, y todos los esfuerzos suman”, afirmó el mandatario.

Para atacar tal flagelo y lograr un cambio estructural en el sistema político y democrático del país, se debe empezar por la raíz del problema: el sistema de elección de los gobernantes. El pasado 1 de agosto en el Congreso de la república se radicó un proyecto de reforma electoral, donde se abordan medidas tan importantes como: garantizar el acceso a la información correspondiente a las votaciones y a los escrutinios, actualizar sus procedimientos para que se respete el debido proceso, tecnificar progresivamente la votación y los escrutinios, y crear la carrera electoral, buscando capacitar a la gente que vaya a participar en el escrutinio de los votos.

A puertas de las elecciones regionales de 2019 en Colombia, buscando la transparencia política, la lucha contra la corrupción y el fraude como prioridades del país, se ha radicado e impulsado dicho proyecto de reforma electoral en la búsqueda de fortalecer el sistema electoral de Colombia, impulsar el fortalecimiento de la democracia, la transparencia en el proceso, la participación ciudadana activa y la confianza de todos los colombianos.



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