Acogida de defensores de derechos humanos colombianos en Madrid


Pie de foto: Indígenas confinados en Nuquí, Chocó, cuyas comunidades han recibido “amenazas” y han sido víctimas de grupos armados

Foto: Naciones Unidas Colombia


Tras la firma del acuerdo de paz en Colombia, los defensores de Derechos humanos se han convertido en uno de los colectivos más vulnerables en el post-conflicto. En los últimos dos años, las cifras de asesinatos de los defensores han ascendido dramáticamente, registrándose la tasa mas elevada con 164 muertes en 2018. No solo eso, sino que también son estigmatizados por diversos sectores de la sociedad como guerrillas, ‘el enemigo interno’, informantes, o personas anti-desarrollo».

Ante esta problemática, el Ayuntamiento de Madrid promueve el Programa de Acogida Temporal a Personas Defensoras de Derechos Humanos, manifestando el apoyo a la consolidación de la paz en Colombia, a la implementación de los Acuerdos de Paz y la defensa de los derechos humanos. El objetivo es proporcionarles protección durante tres meses y denunciar las situaciones de injusticia que allí viven los activistas, al igual que establecer lazos entre los defensores y las defensoras colombianas y el conjunto de la sociedad madrileña, para regresar al país y aplicar el conocimiento recibido durante esta experiencia.

El pasado 11 de febrero la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, ha dado la bienvenida oficial a las tres primeras Defensoras de Derechos Humanos del programa. Las colombianas Maritze Torres, de la Asociación de Familias Víctimas de Trujillo, Maricel Sandoval, de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, y Claudia Pai, de la Unidad Nacional de los Pueblos Indígenas Awá).

Si bien es de vital importancia que gobiernos en el exterior lideren este tipo de iniciativas, el gobierno colombiano debe reconocer que, en el país, históricamente, se han presentado dinámicas de violencia contra quienes defienden el interés público y los derechos humanos. Desde allí, se podrá fortalecer el sistema de respuesta ante estos crímenes y mecanismos de protección integral y prevención. La normalización y pasividad frente a esta grave situación ha generado que este flagelo crezca sistemáticamente.

Los líderes comunales, campesinos, víctimas y aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, las que defienden la implementación territorial del Acuerdo de Paz y los procesos de restitución de tierras, deben contar con plenas garantías y ser una prioridad para el gobierno colombiano, si se quiere alcanzar una paz sostenible y duradera. En un escenario de postconflicto, es necesario cambiar esa cultura política que ve a las personas defensoras de derechos humanos como obstáculos, en lugar de como garantías para un Estado de Derecho y un sistema democrático.

Con la implementación de políticas que aborden no solo la protección física, sino también todos los factores que refuerzan la vulnerabilidad de los defensores y defensoras -y la voluntad política para aplicarlas- se podrá avanzar y establecer garantías para la defensa real de derechos humanos en el país. Una sociedad que valora, cuida y protege a quienes exigen el cumplimiento de los derechos humanos, es una sociedad que puede avanzar hacia la paz y la consolidación del Estado de Derecho. Es por ello que uno de los retos más relevantes a los que se enfrenta el Estado colombiano es el de asegurar garantías para que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor sin riesgos ni obstáculos, para que sea respetada su vida y su dignidad.



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